En el encuentro, organizado por el Petrie-Flom Center, el profesor I. Glenn Cohen y el periodista David Plotz plantearon una tensión entre la demanda social que crece más rápido que la investigación clínica y la capacidad estatal de supervisión. Aun así, varios participantes insistieron en que el debate no debería reducirse a “acceso versus prudencia”, sino a qué modelo de acceso es aceptable.
El investigador David A. Yaden, de Johns Hopkins, pidió precisión. “Psicodélicos” funciona como etiqueta paraguas para sustancias y contextos muy distintos y esa generalización puede inflar expectativas o invisibilizar riesgos. Para Yaden, el cuello de botella es el mismo de otras innovaciones biomédicas porque faltan ensayos grandes, bien diseñados y financiados. Sin esa base, la política termina decidiendo, como en la mayoría de los casos, con datos incompletos.
La urgencia por regular vino con la intervención de Matthew “Whiz” Buckley, veterano y ex piloto naval quien relató que, tras una crisis, viajó fuera de EE UU para un retiro y atribuyó a experiencias con ibogaína y 5-MeO-DMT un cambio decisivo frente al trauma, la depresión y el alcoholismo. Su argumento apuntó a que mientras el sistema de salud mental no alcanza, bloquear el acceso también produce daño, especialmente en veteranos.
El contrapeso llegó desde la ética regulatoria. Holly Fernandez Lynch, profesora asociada de ética médica y derecho en la Perelman School of Medicine y la Carey Law School de la Universidad de Pensilvania (UPenn), advirtió que, si se prometen beneficios médicos, deben probarse con estándares comparables a los de otros fármacos. Su preocupación está en que en mercados de este tipo prosperan proveedores sin controles, marketing agresivo y soluciones milagrosas, lo que genera un terreno fértil para el abuso.
Cat Packer, de Drug Policy Alliance, sumó una memoria reciente: el cannabis. Respaldó la despenalización, pero alertó que una comercialización acelerada puede capturar la agenda pública y dejar atrás a quienes cargaron el peso de la prohibición. Con el mapa estatal moviéndose –como Oregon con servicios regulados de psilocibina y Colorado con su programa de “natural medicine”–, la discusión ya no es teórica.
La pregunta final no es si legalizar, sino cómo. El desafío es evitar que la esperanza terapéutica se convierta en una expansión empresarial descontrolada y más veloz que la regulación, sin diseñar marcos que reduzcan daños, produzcan evidencia y distribuyan beneficios sin repetir desigualdades.
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— Petrie-Flom Center (@PetrieFlom) December 3, 2025
