La primera reunión del “Technical Working Group on Cannabis Reform” reunió a organismos del Estado. Medios locales reportaron la presencia del State Law Office, la Universidad de Mauricio (investigación médica), la National Human Rights Commission y el Forensic Science Laboratory. La sesión definió metodología y calendario. Kunal Naik, presidente de la NADC, dijo que el análisis será basado en evidencia e integrará dimensiones sanitarias, sociales, económicas y legales. La convocatoria busca ordenar información antes de proponer cambios legislativos.

El debate también tiene anclaje parlamentario. En la Asamblea Nacional, el primer ministro informó en diciembre de 2025 que el Drug Control Board acordó revisar tres rutas asociadas con la reducción de penas, despenalización y legalización regulada. El registro menciona un informe jurídico sobre requisitos internos y tratados y una evaluación sanitaria entre enero y marzo de 2026; hacia julio se espera contar con borrador y un marco administrativo. El cronograma anunciado incluye reuniones en enero de 2026 y la elaboración de un “legal brief” para anticipar implicaciones legales. También se citan contactos con UNODC y la OMS.

Mientras tanto, la Dangerous Drugs Act mantiene la prohibición del cultivo y otras conductas vinculadas al cannabis. Pero con la enmienda de 2022 se habilitó el cannabis medicinal bajo control estatal, con prescripción y dispensación en hospitales regionales. Ese esquema contempla comités terapéuticos y controles de importación, aunque no resuelve el conflicto central de la revisión.

En paralelo, se propuso despenalizar la tenencia para uso personal hasta 30 gramos o dos plantas por adulto, siempre en el ámbito privado y sustituir la respuesta penal por medidas administrativas, multas u orientación a paneles de evaluación. La propuesta apuesta por respuestas administrativas para consumos no violentos.

Más que anunciar una legalización, Mauricio comienza a medir impactos y el resultado dependerá de cuánto pese la evidencia frente a la urgencia política y de si el país logra construir controles creíbles sin ampliar la criminalización.