Desde finales de 2023, Japón mantiene una doble estrategia en relación al cannabis. Por un lado, ha realizado una apertura regulatoria para los usos medicinales de la planta. Pero por el otro lado, ha recrudecido su persecución a los usuarios de marihuana. Ahora, la última novedad es que el país asiático modificó las leyes de control de estupefacientes y, a partir de ahora, el consumo recreativo de cannabis será castigado con una pena de siete años de prisión. Hasta el momento, tan solo se consideraba delito la tenencia y cultivo. Al mismo tiempo, esta enmienda abre las puertas a la industria farmacéutica ya que también habilitará la entrega de licencias para la producción de medicamentos a base de cannabis.

Esta modificación en las leyes de estupefacientes sucede después de que el gobierno japonés abriera la recepción de comentarios públicos para reformar las normas relativas al cannabis, en junio pasado. Seis meses después, finalmente se determinó que el THC será una sustancia prohibida y calificada como estupefaciente. Tan solo se permitirá el uso del CBD, a partir de la producción que desarrollen empresas farmacéuticas a quienes se les entregará una licencia. Existirán dos tipos de permisos industriales: uno para el cultivo y otro para la elaboración de medicamentos.

A partir de ahora, la industria farmacéutica tendrá el camino despejado para dominar el mercado de la planta en Japón, ya que se recrudecerá la persecución a los usuarios de cannabis. Con la modificación de la ley, se elevarán las penas por cultivo y tenencia de cinco a siete años, además de que se introdujo por primera vez al consumo como un delito, que también será castigado con siete años de prisión.

Según datos oficiales, los jóvenes japoneses son los más perjudicados por la política anti cannabis del país. Durante 2023, las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 1.222 personas menores de 30 años por tenencia de cannabis. Se trata de una cifra 34% superior respecto al año anterior.