El estudio, que fue levantado antes la firma de la ley que despenaliza el consumo adulto de cannabis, indaga diversas alternativas de política pública, desde la legalización plena hasta opciones más restrictivas que las vigentes. La preferencia más extendida es mantener el acceso exclusivamente terapéutico mediante receta, un esquema ya vigente en el país. La posibilidad de venta con control estatal en tiendas con licencia concita menos apoyo con un  45% a favor frente a 43% en contra.

Según reportó la encuesta, cuando se obliga a elegir solo una opción, el 36% opta por el acceso exclusivamente terapéutico. Entre las alternativas no médicas, alrededor de un 32% prefiere algún tipo de apertura: 22% se inclina por disponibilidad regulada en establecimientos con licencia y 10% por legalización plena. En el otro extremo, un 31% aboga por mantener la ilegalidad de la sustancia y un 10% por endurecer aún más las sanciones. De forma minoritaria, un 5% apoyaría suavizar las penas actuales, y se registra además un 9% que favorecería el cultivo y la tenencia para uso personal.

El sondeo también explora expectativas ante un mercado regulado. Predominan las percepciones de riesgo, donde un 62% cree que aumentarían los usuarios, el 47% prevé mayor carga para la policía . En términos generales, solo el 23% estima que el efecto social global de una regulación sería positivo, frente a un 42% que lo visualiza negativamente.

Otro eje del estudio compara la percepción de riesgos del cannabis frente al alcohol. Más de la mitad de las personas encuestadas considera que ambos comportan riesgos comparables y una cuarta parte juzga más riesgoso el alcohol, mientras que cerca de una quinta parte atribuye un mayor riesgo al cannabis. Las opiniones negativas respecto de una regulación aumentan con la edad. Entre las personas mayores de 65 años, casi la mitad (48%) considera que el impacto general sería negativo, mientras que en el grupo más joven (15–24 años), ese porcentaje desciende a alrededor de un 36%.

La fotografía que entrega la encuesta sugiere una ciudadanía que valida el uso terapéutico pero necesita más certezas sobre los objetivos y las herramientas de un eventual mercado regulado. Para que el debate avance desde la cautela, la discusión pública deberá centrarse en evidencia, demostrando una disminución del mercado ilegal, la protección de menores y garantizar acceso informado para personas adultas.