Vista desde el debate público británico, la pregabalina obliga a salir de las categorías más cómodas con las que suelen ordenarse las noticias sobre drogas. Su origen no está en un laboratorio clandestino, sino en el sistema sanitario, donde se prescribe para la epilepsia, el dolor neuropático y la ansiedad. Esa misma legitimidad farmacéutica, sin embargo, puede alimentar una percepción de bajo riesgo cuando los comprimidos circulan fuera del control médico, con dosis inciertas, falsificaciones posibles o mezclas con otras sustancias depresoras del sistema nervioso central.
Las estadísticas de la Office for National Statistics (ONS) ayudan a entender por qué el tema volvió a ganar peso político y sanitario. En 2024, la pregabalina fue mencionada en 617 muertes por intoxicación por drogas registradas en Inglaterra y Gales. La serie general contabilizó ese año 5.565 muertes por intoxicación por drogas, la cifra más alta desde el inicio de los registros en 1993. Conviene leer esos números con cuidado, porque la propia ONS advierte que las menciones por sustancia dependen de lo consignado en los certificados de defunción y no siempre permiten saber cuál fue el factor principal cuando hubo policonsumo.
Antes de que el debate actual tomara esta intensidad, el marco legal británico ya había intentado responder a los riesgos asociados a estos medicamentos. Desde el 1 de abril de 2019, la pregabalina y la gabapentina están clasificadas en Gran Bretaña como sustancias controladas de clase C y en la Lista 3. La autoridad sanitaria pidió entonces evaluar antecedentes de abuso o dependencia antes de prescribirlas, además de advertir sobre interacciones potencialmente mortales con opioides y alcohol.
La pregabalina muestra un ángulo incómodo de la reducción de daños, donde ya no basta con distinguir entre medicamento y “droga ilegal”. Cuando una sustancia prescrita se desplaza a mercados ilícitos, la respuesta no puede limitarse al castigo ni a la vigilancia médica. Hace falta información clara, acceso a apoyo en salud mental, servicios de análisis de sustancias y políticas capaces de detectar los daños antes de que se normalicen.
