En noviembre de 2020 los ciudadanos del estado de Oregón (EE UU) votaron para aprobar una regulación del acceso supervisado a la psilocibina. Como consecuencia se formó un panel de expertos que trabaja desde entonces para elaborar las recomendaciones que servirán de base para la futura regulación de la “fabricación, entrega y administración” de psilocibina. Se trata de la primera regulación de este tipo en todo el mundo.

La Junta Asesora de Psilocibina de Oregón está a punto de entregar sus conclusiones, y en su penúltima reunión, celebrada hace unas semanas, decidió excluir el uso de psilocibina en el marco de “comunidades enteogénicas”, una figura propuesta para permitir el acceso a la psilocibina más allá del contexto de clínicas especializadas. La decisión fue tomada tras una reunión a puerta cerrada entre los miembros de la junta, algo que no había ocurrido en ninguna de las anteriores reuniones, que habían sido de puertas abiertas.

La propuesta de permitir el acceso a las comunidades enteogénicas incluía el reconocimiento del uso de psilocibina por motivos religiosos y espirituales, y había recibido el respaldo de organizaciones indígenas, colectivos y activistas que trabajan en la defensa de políticas de justicia social. La propuesta fue introducida por un abogado llamado Jon Dennis que, según dijo a Marijuana Moment, estaba pensada para comunidades sin fines de lucro, incluyendo a iglesias y grupos espirituales, que esperaban obtener licencias en igualdad de condiciones que los negocios de acceso a la psilocibina.

“La junta nunca ha hecho esto”, dijo el abogado a Marijuana Moment. “Cuando solo le quedaban seis horas para discutir sus recomendaciones, los miembros de la junta decidieron pasar una hora de ese tiempo escondidos de la vista del público. Cuando la junta salió de esa reunión y rechazó la propuesta sin una discusión sustantiva desafió la confianza del público en el proceso de elaboración de reglas”.

La decisión ha sido duramente criticada porque, si se acaba asumiendo como parte de la regulación, obligará a las comunidades religiosas e indígenas a someterse a protocolos pensados desde el punto de vista de un uso médico occidenteal, que nada tienen que ver con los usos ritualísticos de estas comunidades. También supondrá un mayor coste de acceso a la psilocibina. Y además se obligaría a estas comunidades a conseguir costosas licencias de capacitación para poder ejercer como facilitadores en una administración de psilocibina, cuando para muchos de los indígenas estas sustancias forman parte de sus prácticas culturales.

El pasado marzo, el presidente de la Junta Asesora de Psilocibina de Oregón, dimitió después de que se conociera que tenía inversiones en la industria que estaba ayudando a crear. El presidente, que impulsó la campaña para aprobar el acceso terapéutico a la psilocibina, había creado una empresa para capacitar a facilitadores de terapia con el psiquedélico, una información que ya se conocía con anterioridad, pero que en febrero generó un debate público que lo llevó a renunciar.