La legalización parcial del cannabis en Alemania, promovida por la anterior coalición de gobierno con el objetivo de proteger la salud, alejar a los usuarios del mercado ilícito y garantizar una regulación responsable, no ha alcanzado los resultados esperados. Aunque se permitió el cultivo personal (hasta tres plantas por adulto) y la formación de clubes sociales cannábicos (CSC), la implementación del nuevo marco legal ha estado plagada de complicaciones.

En particular, el proceso de autorización para los CSC ha sido lento y confuso. Durante meses no estuvo claro qué organismo tenía la competencia para emitir licencias. Finalmente, en Berlín se designó al Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) como entidad responsable. Sin embargo, según su propio informe anual, solo siete de las 29 solicitudes recibidas entre noviembre de 2024 y junio de 2025 han sido aprobadas.

Esta cifra resulta marginal si se considera que cada club puede atender a un máximo de 500 personas con un límite mensual de 50 gramos por persona. En una ciudad como Berlín, con millones de habitantes, apenas 3.500 personas podrán acceder legalmente al cannabis mediante CSC si todos los clubes aprobados alcanzan su capacidad máxima.

La lentitud administrativa ha sido uno de los principales factores de obstáculo. El cultivo solo puede iniciarse una vez que se emite la licencia, lo que añade semanas al proceso debido al tiempo necesario para que las plantas crezcan, se cosechen y se curen. Los cultivos autorizados se encuentran en distritos como Lichtenberg, Pankow, Reinickendorf y Steglitz-Zehlendorf, pero la escala sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda.

Alexander Straßmeir, presidente del LAGeSo, reconoció que una de las principales dificultades ha sido encontrar el equilibrio entre la "diligencia legal" y una "práctica administrativa pragmática". El propio LAGeSo no formó una unidad especializada en cannabis hasta noviembre de 2024, lo que contribuyó a la acumulación de solicitudes sin respuesta.

A esto se suman requisitos estrictos para la infraestructura de los clubes  como espacios con protección antirrobo, zonas de cultivo ocultas y medidas de seguridad reforzadas. Estas condiciones, junto con la incertidumbre institucional, han generado frustración entre quienes impulsan el modelo de CSC.

En paralelo, los servicios de telemedicina han ganado protagonismo como vía de acceso al cannabis con fines terapéuticos, en parte por la facilidad del trámite. Esto ha desviado el enfoque de la regulación hacia modelos más individuales y privados, en detrimento de los clubes.

El experimento de legalización parcial en Alemania ha puesto en evidencia los límites de una regulación sin estructura administrativa adecuada. Aunque el modelo de clubes sociales sigue siendo una apuesta prometedora, su potencial queda truncado por burocracia. Cada persona que accede a cannabis legal fuera del mercado negro representa un avance, pero mientras no se agilicen los permisos y se refuerce el marco institucional, el objetivo de una política más justa y eficaz seguirá lejos de cumplirse.