La ley en Malta permite portar pequeñas cantidades, cultivar en casa y crear clubes regulados bajo la Authority for the Responsible Use of Cannabis (ARUC). El objetivo declarado fue desplazar el foco del castigo hacia la reducción de daños. En ese marco, organizaciones como ReLeaf Malta celebran la caída de causas por simple posesión, pero están exigiendo que el Estado aplique el mismo criterio cuando se trata de plantas en el hogar.

El ejemplo más citado es el caso del médico Andrew Agius. Fue detenido en febrero de 2022 por importar flor de CBD y quedó casi cuatro años sometido a cargos vinculados al tráfico, con restricción de viajes y bienes congelados. Un tribunal lo absolvió luego de cambios legales que aclararon la definición de cannabis y dejaron fuera el producto por el que fue procesado. Para sus defensores, el episodio mostró cuánto puede pesar una interpretación antes de que la ley se aclare.

La controversia volvió en 2025 con enmiendas que habilitan multas por molestias asociadas al olor del consumo, con sanciones de 235 euros en supuestos graves. En este contexto, la ARUC afirmó que no considerará las denuncias anónimas y que sus inspectores no entrarán a domicilios para “medir” olor, pero la norma instaló el miedo a que los vecinos denuncien a quienes fuman marihuana.

Las asimetrías no son solo legales, sino también prácticas. Mientras que las asociaciones operan con seguridad jurídica para cultivar, almacenar y atender a sus miembros; el ciudadano común, en cambio, puede sentir que su intimidad depende del humor de un vecino o de un control rutinario. En un modelo que mueve licencias, cuotas y registros, la transparencia de ARUC y la capacitación policial pesan tanto como la letra de la ley en la vida cotidiana.

Sin embargo y detrás de cada ajuste aparece la misma pregunta: ¿regular para reducir daños o regular para vigilar? Si Malta quiere sostener su reputación pionera, la coherencia entre derechos privados, control estatal y convivencia comunitaria será la prueba decisiva.