La decisión unánime, emitida en el caso People v. Hess, establece que la ley federal no basta por sí sola para justificar una prohibición de cannabis como condición para la libertad condicional. Eso sí, el tribunal no eliminó la facultad judicial de imponer restricciones individualizadas, pero cerró la puerta a su aplicación automática.
Danielle Heaven-Leah Hess había sido condenada por fraude minorista en tercer grado tras sustraer ropa de una tienda Meijer. El tribunal le impuso doce meses de libertad vigilada y le prohibió usar o poseer cannabis, pero no explicó la razón de esa condición. Después de dos pruebas positivas, Hess perdió el tratamiento previsto por la ley para jóvenes infractores y recibió una condena de diez días de cárcel.
Los tribunales inferiores respaldaron la restricción a partir de una regla general de la libertad condicional: la persona supervisada no debe infringir las leyes de Michigan, de otros estados ni de Estados Unidos. Como la Ley Federal de Sustancias Controladas mantiene prohibido el uso recreativo, la Corte de Apelaciones entendió que los jueces debían impedirlo también en los casos regidos por la normativa estatal.
Sin embargo, el tribunal Supremo rechazó esa lectura. La Michigan Regulation and Taxation of Marihuana Act, aprobada por los votantes en 2018, establece que las conductas realizadas dentro de sus límites no pueden ser motivo de arresto, proceso, sanción, registro ni pérdida de derechos o privilegios. Además, la propia ley dispone que las normas estatales incompatibles dejan de aplicarse a las actividades que ella permite.
Eso no significa que toda persona con libertad vigilada pueda consumir cannabis sin restricciones. El tribunal no resolvió cuándo una prohibición individualizada podría ser válida si estuviera relacionada con el delito, la rehabilitación o los riesgos evaluados. Tampoco anuló directamente las infracciones de Hess ya que solamente revocó la sentencia de apelación y devolvió el expediente al tribunal de primera instancia para que reconsidere sus solicitudes.
La tensión entre la legalización del cannabis y el sistema de supervisión penal también se ha hecho visible en Nueva York, donde se ha debatido el acceso de personas bajo control judicial a empleos en la industria regulada. En Michigan, tras el fallo, los tribunales han comenzado a revisar la forma en que se imponen las condiciones de libertad vigilada en casos relacionados con cannabis. El pronunciamiento del Supremo no elimina la supervisión judicial, pero sí marca un límite claro a su automatismo: la legalidad estatal no puede quedar neutralizada por la prohibición federal cuando no existe una justificación individualizada.
