El debate fue reactivado por el exsenador Athan Nneji Achonu, dirigente del Partido Laborista, quien afirmó que existen conversaciones en la Asamblea Nacional para avanzar hacia una ley que permita el uso del cannabis con fines medicinales y económicos. La propuesta, según medios nigerianos, buscaría abrir espacio al cultivo controlado, la investigación farmacéutica, la producción industrial y la exportación.

El punto de partida, sin embargo, sigue siendo una política prohibicionista dura. A modo de contexto, es bueno mencionar que La Indian Hemp Act nigeriana castiga el cultivo, la venta, la exportación, la posesión y el uso de cannabis. Ese marco legal explica por qué la discusión actual debe leerse como una posible reforma, no como un cambio ya vigente.

En tanto, el informe Drug Use in Nigeria 2018 estimó que el uso de drogas en el último año alcanzaba al 14,4% de la población de 15 a 64 años. El mismo documento identificó al cannabis como la sustancia más utilizada, después de excluir el alcohol. Ese dato no invalida una regulación del cannabis medicinal, pero sí obliga a pensar controles, acceso sanitario, trazabilidad y reducción de daños.

Nigeria ya había discutido fórmulas similares. En 2021, el Parlamento de Nigeria aprobó un plan para regular el cáñamo industrial y el CBD, una señal temprana de interés económico por la planta. Aquella iniciativa mostró que el debate sobre la regulación del cannabis no es nuevo y que existe una búsqueda de alternativas vinculadas a la producción agrícola y al desarrollo industrial. Más información sobre cómo el Parlamento de Nigeria aprobó un plan para regular el cáñamo industrial y el CBD.

En África, distintos países avanzan por caminos propios. El crecimiento del cannabis medicinal en Lesoto y la entrada de Marruecos al mercado farmacéutico del cannabis muestran que la región explora modelos regulatorios diversos, con resultados y riesgos todavía abiertos. Estos antecedentes suelen aparecer como referencia para quienes impulsan cambios en Nigeria.

El caso nigeriano muestra cómo incluso países con leyes severas empiezan a revisar la prohibición cuando aparecen argumentos sanitarios, científicos y económicos. El desafío será evitar que la reforma se limite a abrir un negocio y construir, en cambio, una regulación transparente, fiscalizable y con enfoque de salud pública para el desarrollo del cannabis medicinal.