La alarma la encendió una comisión parlamentaria que cuestionó la legalidad de decenas de permisos vinculados al cannabis medicinal. Los legisladores pidieron los listados de beneficiarios y comprobantes de pago que el Ministerio de Salud no pudo mostrar con claridad. La sospecha es que hubo licencias otorgadas sin respaldo administrativo suficiente y con pagos que no aparecen debidamente registrados.

El problema venía arrastrando desde noviembre de 2024, cuando la Dirección de Corrupción y Delitos Económicos de Lesoto confirmó una investigación sobre fondos de licencias cuya trazabilidad no estaba clara. Medios locales informaron entonces que existían 198 licencias emitidas y que 75 no habían sido pagadas. A eso se sumó un informe presupuestario de la Asamblea Nacional, publicado en marzo de 2025, que señaló la ausencia de registros de ingresos por solicitudes y renovaciones, pese a que ya había permisos operativos.

La dimensión política del caso es mayor porque Lesoto fue presentado durante años como una referencia africana del cannabis medicinal. En 2018, el gobierno celebró uno de sus primeros proyectos licenciados y poco después reforzó esa imagen con la primera exportación africana de cannabis a Europa. Pero ese relato de modernización y negocio ha convivido con dudas persistentes sobre quién accedía realmente al mercado del cannabis medicinal.

Las enmiendas publicadas en noviembre de 2025 endurecieron requisitos y reordenaron tasas y controles. Sobre el papel, buscaban corregir vacíos. Pero el caso actual muestra que una regulación más estricta sirve de poco si el Estado no puede explicar cómo otorgó los permisos anteriores ni demostrar qué dinero ingresó realmente. No es un problema exclusivo de Lesoto, algo similar ocurrió en Macedonia del Norte donde quedó demostrado que una industria prometedora puede perder legitimidad cuando el control público queda detrás de los intereses económicos.

Sin embargo y pese a lo bullado del caso, lo que está en juego no son solo 75 licencias, sino la credibilidad de un modelo que quiso convertirse en la referencia africana en cannabis medicinal antes de consolidar sus bases. Por eso, cuando fallan los registros y la recaudación no cierra, la promesa terapéutica puesta en la marihuana deja de ser política de desarrollo y comienza  acercarse cada vez más a un negocio mal vigilado.