La Oficina Central de Estupefacientes de Singapur (CNB, por sus siglas en inglés) confirmó que la sentencia capital contra Omar fue ejecutada a mediados de abril. Según el organismo, el hombre había sido condenado en febrero de 2021 por importar cannabis al país a través del paso fronterizo de Woodlands, uno de los principales puntos de entrada desde Malasia. La legislación singapurense contempla la pena de muerte para la importación de más de 500 gramos de cannabis, umbral que en este caso fue duplicado.

De acuerdo con la versión oficial, la sustancia fue hallada el 12 de julio de 2018 durante una inspección rutinaria de un vehículo en el que Omar ingresaba a Singapur. La CNB sostuvo que tres paquetes envueltos fueron analizados por la Health Sciences Authority y confirmados como cannabis. La condena y la pena fueron ratificadas por el Tribunal de Apelación en octubre de 2021.

Durante el proceso, Omar negó conocer la naturaleza de los paquetes y denunció presuntas amenazas durante la investigación. Las autoridades judiciales rechazaron esa versión, al considerar que su testimonio presentaba inconsistencias y que las declaraciones de los agentes estaban respaldadas por otros elementos, incluidas imágenes de circuito cerrado. Tras perder la apelación, presentó nuevas solicitudes judiciales y peticiones de clemencia, que no prosperaron.

La ejecución había sido cuestionada por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Capital Punishment Justice Project y Anti-Death Penalty Asia Network, que pidieron suspender el ahorcamiento y conmutar la pena. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó alarma por el incremento de ejecuciones vinculadas a delitos de drogas en Singapur ya que según ese organismo, en los primeros meses de 2026 fueron ejecutadas ocho personas y en 2025, 15 de las 17 ejecuciones registradas correspondieron a condenas relacionadas con drogas.

El caso de Omar bin Yacob Bamadhaj vuelve a exponer la distancia entre el enfoque punitivo de Singapur y los estándares internacionales de derechos humanos, que restringen la pena capital a los delitos más graves. En materia de cannabis, esa distancia resulta todavía más evidente: mientras distintas jurisdicciones avanzan hacia modelos de regulación, reducción de daños o despenalización, Singapur mantiene una política que convierte la fiscalización de una sustancia en una cuestión de vida o muerte.