Cuando una mujer llega a un recurso de protección con un problema de consumo, la respuesta institucional puede repartirse entre servicios que trabajan la violencia y otros especializados en adicciones. El protocolo publicado en junio por el Ministerio de Igualdad busca precisamente evitar que esa separación termine dificultando o impidiendo el acceso de las víctimas a los dispositivos de protección.
El documento plantea que las adicciones y los consumos abusivos no deberían convertirse en criterios de exclusión. El problema adquiere especial relevancia porque el estigma puede operar en varias direcciones. Una mujer puede evitar pedir ayuda por temor a ser juzgada por su consumo, mientras los propios servicios pueden carecer de herramientas para atender simultáneamente ambas situaciones. Esa doble discriminación ya ha sido observada en mujeres usuarias de drogas que enfrentan mayores barreras para recibir atención.
En este contexto, la red española UNAD inició la séptima edición del curso Adicciones y violencia contra las mujeres, desarrollado junto al Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional para profesionales de las unidades encargadas de atender casos de violencia contra las mujeres. El objetivo es entregar herramientas para reconocer cómo interactúan los consumos, el estigma y las situaciones de violencia sin confundir unas con otras.
Al respecto, la UNAD recalca que una adicción no causa ni justifica la violencia y que la responsabilidad corresponde a quien la ejerce. Al mismo tiempo, experiencias de violencia pueden aparecer vinculadas a consumos utilizados para afrontar situaciones traumáticas. Datos recogidos por entidades de la propia red mostraron en 2022 que el 56 % de las mujeres atendidas había sufrido maltrato de pareja y el 32 % violencia sexual.
Experiencias como Metzineres, un espacio dirigido a mujeres y personas de género no binario que usan drogas, muestran que la respuesta puede construirse también desde la reducción de daños y sin exigir abandonar previamente el consumo para recibir acompañamiento. El protocolo ministerial avanza en una dirección similar al plantear que violencia y adicciones necesitan respuestas coordinadas, capaces de adaptarse a la situación concreta de cada mujer.
Separar administrativamente ambos problemas puede resultar sencillo para las instituciones, pero no para quien los vive. Por eso, el desafío que plantea el nuevo protocolo es que el consumo deje de funcionar como una puerta cerrada precisamente cuando una mujer busca protección.
