La decisión permite que dispensarios con licencia soliciten una autorización específica para operar áreas de consumo social. Según lo acordado, estos establecimientos deberán cumplir requisitos adicionales, entre ellos sistemas de ventilación reforzados y permisos de uso condicionados, con la expectativa de que los primeros locales puedan abrir a partir de 2026. La votación estuvo dividida y el alcalde McCarty desempató a favor, tras un debate que incluyó argumentos de salud pública y orden urbano.

El marco local se apoya en cambios recientes de la normativa estatal. California habilitó desde el 1 de enero de 2025 que las jurisdicciones permitan cafés con servicios ampliados tras la promulgación de la ley AB 1775 en septiembre de 2024. Aun así, el consumo de cannabis en espacios públicos continúa prohibido a nivel estatal, por lo que los municipios pueden diseñar alternativas reguladas para personas mayores de 21 años.

En Sacramento, la ordenanza específica crea dos modalidades de lounge: una de “no fumadores” (solo ingesta no inhalada) y otra que admite consumo mediante inhalación (fumado o vapeo), siempre bajo condiciones técnicas y de seguridad. También fija restricciones operativas, como superficies máximas cercanas a 140 metros cuadrados y la prohibición de alcohol y tabaco en el mismo recinto. Estas medidas buscan compatibilizar la experiencia de hospitalidad cannábica con estándares de protección para trabajadores y vecindarios.

El caso emblemático es Crystal Nugs, un minorista de Midtown que había acondicionado una sala a la espera de la autorización municipal. Su plan de abrir un lounge se destrabó gracias a la votación del Concejo. Desde el gobierno local se subrayó que disponer de espacios regulados ofrece una alternativa responsable frente al consumo en parques o calles, especialmente en una ciudad con alto número de arrendatarios donde muchas personas no pueden consumir en sus viviendas.

El debate incluyó reparos de organizaciones juveniles y vecinales que temen un impacto negativo si estos locales se ubican cerca de zonas residenciales, escuelas o parques. Las autoridades respondieron que la combinación de permisos condicionados, ventilación y límites de uso permitirá evaluar caso a caso y que el programa podrá ajustarse con evidencia sobre convivencia, seguridad y turismo urbano. Con este paso, Sacramento se alinea con otras ciudades californianas que ya ensayan modelos similares.

La decisión de Sacramento confirma una tendencia: frente a la prohibición del consumo en la vía pública, los municipios exploran marcos que ordenan prácticas existentes y reducen daños. No se trata de promover el uso, sino de gestionarlo con reglas claras porque el problema no es que existan espacios para vender o consumir, sino la persistencia de marcos prohibicionistas que empujan actos de la vida cotidiana a la clandestinidad.