Hace unos días Singapur ejecutó en la horca a la segunda persona condenada por un delito relacionado con el cannabis en menos de tres semanas. La víctima de la ejecución era un hombre de 37 años que estuvo encarcelado durante siete años hasta que en 2019 fue condenado a muerte por traficar con 1,5 kilos de cannabis. El hombre pidió que se reabriera su caso para aportar pruebas de ADN y huellas dactilares que lo relacionaban con una cantidad mucho menor de cannabis, pero su petición fue rechazada.

A finales de abril las autoridades del país ejecutaron a otro hombre por el mismo delito pese a las repetidas peticiones de clemencia realizadas por sus familiares y organizaciones de derechos humanos. Fue la primera ejecución que realizó el país tras seis meses y ahora se teme que se produzca un encadenamiento de ejecuciones que habían quedado paralizadas durante la crisis del covid-19.

“Si no nos unimos para detenerlo, tememos que esta ola de asesinatos continúe en las próximas semanas y meses”, dijo a la agencia Associeted Press la activista Kokila Annamalai, quien desde la ong Transformative Justice Collective aboga por la abolición de la pena de muerte en el país. Hay 60 presos que están actualmente en el corredor de la muerte en Singapur, la mayoría de ellos por delitos relacionados con drogas. Las leyes de Singapur establecen que el tráfico de más de 500 gramos de cannabis puede castigarse con la pena de muerte.