La semana pasada un joven de 17 años era asesinado en la redada a gran escala que ordenó el presidente Filipino Rodrigo Duterte. Kian de Santos fue arrastrado fuera de su casa en Kaloocan (al norte de Manila) y poco después la policía le disparó bajo la excusa de que había sacado un arma de fuego.

En esa misma redada murieron otras 31 personas y más de 100 fueron arrestadas, con un saldo de droga decomisada de menos de 1 kilogramo, lo que arrojó bastante dudas sobre la eficacia de las políticas anti-narco del gobierno. Duterte, además, es conocido por sus políticas ultra-violentas y sus campañas tanto contra drogadictos como contra los camellos. Por si alguien lo duda, según la autoridades casi todas las muertes fueron por cruce de disparos entre la policía y los camellos.

Según los testigos el joven suplicó a los policías que no abrieran fuego. Fue disparado dos veces en la cabeza y otra en la espalda. Un ajusticiamiento en toda regla.

Las imágenes de la detención de Kian han llevado al presidente a reconocer que algo debió salir mal durante la operación “He visto la cinta en TV y coincido que debería haber una investigación”.

Según un enviado de The Guardian en el país, la muerte de Santos no ha pasado desapercibida y se ha convertido en un punto de giro en la situación Filipina. Tres cuerpos del estado (el dep. de justicia, el senado y la Comisión para los Derechos Humanos) están investigando el asunto.

Además, las últimas palabras de Santos se han convertido en un fenómenos en las redes sociales e incluso los filipinos marcharon en Kaloocan o ante el monumento que conmemora el Poder del pueblo en Manila.

Estamos convencidos de que esto no va a detener a Duterte pero esperamos que su reinado dure poco y que sea su pueblo quién le derroque.