El nuevo presidente de Filipinas, Bongbong Marcos, está apostando por un cambio de política en la represión contra el consumo de drogas y quiere detener los asesinatos a las personas que las usan. La política del asesinato fue inicada por su predecesor en el cargo, el expresidente Rodrigo Duterte, quien en 2016 declaró una guerra de sangre contra los consumidores y traficantes de drogas en la que se calcula que han muerto 30.000 personas en ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía.
Hace unos días el secretario del Interior, Benhur Abalos, anunció una nueva campaña contra las drogas ilegales que se enfoca en la reducción de la demanda y la rehabilitación, en lugar de matar a los consumidores. Según el diario Inquirer, el Departamento del Interior y Gobierno Local ha comunicado que se trata de un programa nacional de defensa contra las drogas ilegales que involucra a gobiernos locales, agencias gubernamentales nacionales y otros sectores clave de la sociedad que se centrará más en la reducción de la demanda de drogas y la rehabilitación enfocada en las comunidades.
“No podemos poner la campaña contra las drogas ilegales totalmente en manos de la Policía Nacional de Filipinas y la Agencia Filipina de Control de Drogas porque todos nosotros nos vemos afectados aquí. Todos debemos participar para poner fin a esta plaga que está destruyendo a nuestros jóvenes”, dijo el Secretario de Interior en un comunicado. Según este, la campaña antidrogas del presidente Marcos, que asumió el cargo este verano, funcionará “en el marco de la ley y con respeto a los derechos humanos y con enfoque en la rehabilitación y el desarrollo socioeconómico”.
El año pasado la Corte Penal Internacional (CPI) anunció oficialmente que iniciaba una investigación para determinar si el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante su mandato por su sangrienta campaña contra las drogas. Dos meses más tarde la investigación fue suspendida de forma temporal después de que el Gobierno de Filipinas asegurase que ya investiga por su cuenta las ejecuciones extrajudiciales. Este verano el fiscal de la Corte solicitó permiso para continuar con la investigación sobre Filipinas, y en septiembre la investigación se ha reactivado. El nuevo presidente por ahora se niega a cooperar con la investigación.
