Después de meses de estancamiento, la administración Trump se dispone a reactivar la reclasificación federal de la marihuana. El portal digital de noticias Axios habló de un movimiento inminente; The Washington Post añadió que la DEA estudia convocar una nueva audiencia administrativa y Reuters informó de que el gobierno esperaba actuar tan pronto como fuese posible.
Desde la Casa Blanca no se confirmaron los detalles, aunque sí se insistió en que la orden presidencial sobre investigación en marihuana medicinal y cannabidiol seguía en marcha de manera expedita. Aun así, conviene precisar el alcance de la noticia: al cierre de esta edición no se había anunciado una reclasificación formal, sino la intención de destrabar un expediente que llevaba demasiado tiempo suspendido entre cautelas regulatorias y disputas políticas.
En rigor, el proceso no nace con Trump y parte en mayo de 2024, cuando el Departamento de Justicia publicó una propuesta para trasladar la marihuana a la Lista III, apoyándose en la revisión científica y médica previa del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Más tarde se convocó una audiencia formal, pero la DEA la pospuso en enero de 2025 a raíz de una apelación presentada dentro del propio procedimiento. Desde entonces, el expediente quedó empantanado y lo que cambia ahora no es el fundamento técnico del debate, sino la voluntad de la nueva administración de convertir en prioridad política reabrir la discusión sobre qué implica pasar a la Lista III.
De ahí que sea importante distinguir entre reclasificación y legalización, dos cosas que a menudo se mezclan en el debate público. Si el cannabis pasara a la Lista III, el gobierno federal dejaría de tratarlo como una sustancia sin uso médico aceptado y sometida al máximo nivel de restricción dentro del sistema. Eso facilitaría la investigación clínica y aliviaría una de las cargas más pesadas para las empresas que operan en mercados regulados por los estados, sobre todo por el impacto de la sección 280E sobre el mercado cannábico estadounidense. Pero el cannabis seguiría sujeto a prohibiciones federales en materia de fabricación, distribución, dispensación y posesión bajo la Controlled Substances Act, además de continuar bajo la órbita de la FDA en cualquier intento de inserción legal en el comercio interestatal.
Por eso mismo, la discusión va bastante más allá del entusiasmo bursátil que suele rodear cada rumor de reforma en Washington. Una eventual mudanza a la Lista III no resolvería el desacople entre los mercados estatales y la prohibición federal, no abriría por sí sola una vía clara para el comercio interestatal, tampoco repararía los daños acumulados por décadas de criminalización y mucho menos supondría una legalización federal del cannabis. Lo que sí haría sería introducir, desde el propio aparato federal, un reconocimiento largamente postergado: que la ficción jurídica de la Lista I hace tiempo dejó de sostenerse frente a la realidad médica, política y social del cannabis en Estados Unidos.
Si finalmente la administración Trump decide avanzar, el gesto tendrá un peso simbólico y práctico que no conviene ni minimizar ni sobredimensionar. La reclasificación sería, en el mejor de los casos, una rectificación tardía dentro del prohibicionismo y no una ruptura con él. Dicho de otro modo, el Estado federal estaría admitiendo que la negativa histórica a reconocer usos médicos del cannabis fue insostenible, pero sin desmontar todavía el andamiaje penal y burocrático que durante décadas convirtió una cuestión de salud, regulación y derechos en un problema de control y castigo.
