El martes 1 de julio, los representantes Morgan Luttrell y Michael McCaul, republicanos por Texas, Jack Bergman, republicano por Michigan y Lou Correa, demócrata por California presentaron en la Cámara la IBOGAINE Act, un proyecto diseñado para dar respaldo legislativo a la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 18 de abril bajo el nombre "Accelerating Medical Treatments for Serious Mental Illness". Ese decreto ya había sido abordado por Cáñamo en Trump acelera la vía federal para psicodélicos, como parte de un giro federal que combina salud mental, veteranos y sustancias aún fuertemente restringidas.
Aquella orden surgió después de conversaciones del presidente con el presentador Joe Rogan sobre la ibogaína, un alcaloide psicodélico derivado de la raíz de iboga que se investiga por su posible utilidad frente a adicciones y estrés postraumático. El texto destinó 50 millones de dólares federales a acelerar el acceso a estos tratamientos y pidió a la FDA revisar con mayor rapidez sustancias como la psilocibina, aunque convertir esa señal política en ley exige un paso que ya no depende solo del Ejecutivo.
En términos concretos, el proyecto ordena al fiscal general evaluar en 60 días si la ibogaína y sus compuestos deben pasar de la Lista I a la Lista II de la Ley de Sustancias Controladas. Ese movimiento administrativo deja a la sustancia controlada, aunque con algo más de margen para investigación y eventual prescripción. La propuesta también crea un programa de vouchers para financiar terapias psicodélicas, aclara que la Ley federal de Acceso Compasivo permite excepciones para pacientes con enfermedades graves y abre un canal de colaboración entre agencias federales y estados.
Luttrell, veterano de las fuerzas especiales, defendió la iniciativa desde una experiencia personal: dijo que la terapia psicodélica lo ayudó a él y a otros veteranos. Ese testimonio pesa como respaldo político –no como evidencia clínica– dentro de una discusión donde las promesas terapéuticas conviven con riesgos médicos, barreras regulatorias y una demanda creciente desde comunidades militares. En esa misma línea, EE UU ya había anunciado compromisos para ofrecer terapias psicodélicas a sus veteranos.
Por ahora, la IBOGAINE Act recién fue introducida y no tiene fecha de votación. Entre la firma de abril y el proyecto de julio queda una distancia decisiva: pasar de una promesa presidencial a una ley capaz de seguir en pie cuando cambie el viento político en Washington.
