La decisión se conoció el 8 de abril, cuando distintos medios españoles informaron de que la UdL había sustituido la iluminación blanca por fluorescentes azules en un baño de la planta baja del Rectorado. Según la versión trasladada por la universidad, se trataba de impedir que una persona ajena al campus, que acudía allí para inyectarse, pudiera localizar con facilidad las venas. La vicerrectora Mariona Farré presentó la medida como una respuesta inmediata para proteger a la comunidad universitaria y evitar que ese espacio siguiera utilizándose con ese fin.

Más allá del episodio concreto, la escena remite a una estrategia ya conocida y es que la luz azul se ha utilizado en baños públicos de distintos países con la idea de dificultar el consumo inyectado alterando la percepción de las venas superficiales. Pero detrás de esa lógica disuasoria hay una forma de gestionar la presencia visible del consumo que no actúa sobre sus causas ni responde desde una lógica de reducción de daños, sino que intenta solamente invisibilizarlo.

Esa es, precisamente, la grieta que aparece cuando se mira la evidencia disponible. Un estudio publicado en Health & Place en 2010, a partir de entrevistas con 31 personas con experiencia reciente de inyección en espacios públicos, concluyó que la luz azul disuadía a menos de la mitad de la muestra y que más de la mitad estaba dispuesta a inyectarse incluso en esas condiciones. Años después, otro trabajo publicado en Harm Reduction Journal insistió en que estas luces no solo resultan poco eficaces cuando hay urgencia de consumo, sino que además pueden volver la inyección más peligrosa y reforzar el estigma sobre quienes usan drogas.

La crítica más nítida llegó también desde el campo de la salud pública. El BC Centre for Disease Control, el organismo de salud pública de la Columbia Británica canadiense, recomendó expresamente no instalar luz azul en baños públicos para desalentar el uso de drogas inyectadas, al considerar que la medida rara vez impide el consumo y, en cambio, puede empujarlo hacia escaleras, callejones o parques, donde aumentan otros riesgos.

En Cataluña, el debate lleva tiempo abriendo otra vía con las salas de consumo de drogas supervisado, pensadas para que quienes no pueden o no quieren dejar de consumir no se vean obligados a hacerlo en la calle. Vista desde ahí, la intervención aplicada en Lleida no plantea solo un problema de orden o convivencia, sino sobre el tipo de respuesta institucional que se activa cuando el consumo aparece en un lugar visible.

La universidad ha optado por una tecnología de disuasión que transmite control y produce, al menos en apariencia, un efecto inmediato. Pero cuando una institución se limita a dificultar el acto sin pensar en reducción de daños, accesibilidad o atención, lo que hace no es resolver el conflicto, sino desplazarlo.