Los fiscales generales de 10 estados y de Washington DC han presentado una carta dirigida a la Corte Suprema de EE UU instando a los jueces a permitir la implantación de sitios de consumo de drogas supervisado en el país. La Corte Suprema tiene pendiente pronunciarse para aceptar o no un recurso judicial impuesto por una ong para decidir sobre la legalidad de instalar salas de consumo supervisado en el país.

Los fiscales de los estados dijeron que las instalaciones de consumo seguro supervisado por personal sanitario están “emergiendo como una prometedora medida para salvar vidas y llenar un vacío urgente en la atención médica”. Además de los diez estados y la capital, representantes de 14 ciudades y condados, así como el alcalde de Filadelfia, también presentaron escritos de apoyo para el caso, según ha publicado Marijuana Moment.

“[Los estados] están en la primera línea de esta emergencia de salud pública, luchando para salvar a sus ciudadanos de las muertes por sobredosis. Como resultado, comparten un gran interés en garantizar la disponibilidad de intervenciones múltiples y efectivas para abordar la epidemia, prevenir el trastorno por consumo de opioides y tratar a quienes padecen dependencia de opioides”, escribieron los fiscales en la carta, que también cita estudios sobre los beneficios de las salas de consumo seguro para reducir las muertes por sobredosis y para ayudar a las personas a iniciar el tratamiento.

La ong que presentó el recurso ante la Corte Suprema lo hizo como respuesta al bloqueo que impuso un tribunal federal a la apertura de una sala de consumo supervisado el pasado enero. La organización estaba preparada para inaugurar el centro de consumo de drogas supervisado en Filadelfia como medida para reducir el número de muertes y sobredosis que se producen anualmente en la ciudad, pero el proyecto fue llevado a juicio en 2019 por la administración de Donald Trump. La Corte Suprema ha recibido la petición para pronunciarse sobre el caso, pero todavía no se sabe si aceptará. De hacerlo, la decisión sentaría un precedente que podría condicionar las políticas en este ámbito durante los próximos años.