El Statutory Instrument 108 of 2026, modificó el marco que Zimbabwe mantiene desde 2018 para la producción regulada de cannabis con fines medicinales y científicos. La nueva tabla fija en 400 dólares estadounidenses la inspección, frente a los 2.500 dólares establecidos originalmente, y reduce de 5.000 a 75 dólares la solicitud de permisos de importación o exportación. El retorno anual pasó de 15.000 a 1.500 dólares.
El reglamento también bajó de 2.500 a 250 dólares la solicitud para modificar una licencia y mantuvo exigencias técnicas y de seguridad para operar. La Medicines Control Authority of Zimbabwe (MCAZ) pasó a ocupar un papel central en la administración y fiscalización del sistema, con facultades para tramitar licencias, realizar inspecciones y controlar los sitios de producción. Las licencias de productor tienen una vigencia de cinco años y pueden no renovarse si el titular no inicia operaciones durante ese periodo.
El régimen contempla solicitudes tanto de personas como de empresas. En el caso de individuos, la normativa exige acreditar ciudadanía o residencia habitual en Zimbabwe, salvo una exención ministerial. Para las compañías, se considera la ciudadanía o residencia de la mayoría de sus directores. Obtener la licencia, sin embargo, es solo una parte del coste: los productores deben financiar instalaciones, controles de seguridad, cumplimiento técnico y procesos de calidad.
La reducción se inserta en una política que busca ampliar la participación en una industria que desde sus primeros años mostró barreras de entrada elevadas. Una investigación académica publicada en 2024 describió el mercado medicinal zimbabuense como intensivo en capital y con fuertes exigencias regulatorias. Lo mismo está ocurriendo en otros mercados africanos como el de Botsuana donde se ha comenzado a desarrollar este sector bajo un fuerte control estatal.
Caeb destacar que el sistema continúa enfocado en productores autorizados y mantiene obligaciones de cultivo, seguridad, control de calidad y exportación. En América Latina existen discusiones parecidas sobre cuánto pesan los requisitos regulatorios en la entrada de nuevos actores; Brasil, por ejemplo, acaba de detallar su propio régimen para producir cannabis medicinal.
Si bien reducir las tasas elimina una de las barreras más visibles del modelo zimbabuense, el efecto real dependerá de si los agricultores y empresas con menos capital logran superar el resto de los costes y requisitos que siguen acompañando una licencia.