Algo pasa en este país cuando la gente ya no tiene miedo a cultivar en exterior.

Un cultivador habitual aún sufre para poder ser autosuficiente y no tener que recurrir al mercado negro para satisfacer su consumo. Estamos hablando de un huerto de diez plantas que hay que proteger de policías y ladrones. Hasta ahora, si alguien quería más para “otras cosas” tenía que hacerlo en un cultivo de interior, y hacerlo bien para poder pasar totalmente inadvertido y evitarse problemas. Por la acción de la policía (en muchos casos facilitada por la inestimable ayuda de un chivatazo) nos hemos ido enterando estos años de que la “normalidad” en uno de estos cultivos de interior eran miles de plantas.

Si hasta hace poco no era extraño encontrarse, en un paseo campestre, pequeños cultivos de guerrilla, este año hemos sabido de la novedad de cultivos en exterior de miles de plantas: 1300 en Lérida, 2000 en Mérida, 11.700 en Capmany, 15.342 en Seva, 16.000 en El Ejido, 22.000 en Cáceres... El clima y ser el cannabis considerado como droga blanda a efectos penales seguro que tienen algo que ver con esta expansión cannábica en el paisaje de toda España.

Mientras la Fiscal Antidroga de Andalucía, Ceuta y Melilla es consciente de que “la costa es incontrolable”, para el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga “la lucha contra el narcotráfico es un campo sin vallar”, y no desconoce que “estamos convirtiéndonos en país productor de marihuana, además de ser una entrada del hachís hacia Europa”. Si a eso añadimos que en este último año han sido detenidos 15 funcionarios de la Guardia Civil por colaborar con los narcos, la situación debe ser insostenible para las autoridades encargadas de acabar con el narcotráfico. No nos extraña que cunda el pesimismo entre ellos.

Que a pesar de los decomisos existe cannabis de sobra para la población es evidente: la oferta no disminuye, como lo puede demostrar, por ejemplo, la cantidad creciente de sanciones que se efectúan dentro del marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, la mayoría de las cuales es por tenencia y consumo de cannabis en vía pública.

La situación sin duda puede alargarse hasta el infinito, para sufrimiento de los perseguidos y para oprobio de las autoridades (in)competentes, pero, dado el movimiento regulatorio internacional, ¿qué más hace falta para regular en España un mercado legal del cannabis?

Mientras, el pasado mes de octubre, han quedado vistos para sentencia los dos juicios realizados a las juntas directivas de dos clubs sociales de cannabis reconocidos por su activismo antiprohibicionista: la MACA y Marias x Maria. La fiscalía los quiere entre rejas, como si pudieran esconder así lo que está pasando, como si aún nos pudieran asustar con sentencias ejemplares. La cárcel no podrá ocultar la incoherencia y la vulneración de los derechos humanos que suponen para el conjunto de la ciudadanía la falta de una regulación del cannabis que ponga fin a todos estos despropósitos y a todas estas injusticias.