Para reducir la inseguridad jurídica que hay en el mundo del cannabis este pasado mes de octubre se presentaron tres proposiciones de ley para una regulación integral del cannabis con vistas a ser debatidas en el pleno del Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana de Catalunya, Más Madrid y Unidas Podemos han sido los partidos promotores de las tres iniciativas parlamentarias, a la que se sumaría la reciente propuesta, ya rechazada, que presentó Geroa Bai en el Senado. Por fin, la marihuana ha entrado en el Parlamento español.
Estas proposiciones de ley buscan establecer un marco regulatorio consecuente con la realidad, como han hecho otros países. Como bien han demostrado Uruguay o Canadá, existe la posibilidad de que los estados puedan realizar interpretaciones flexibles de los tratados internacionales de fiscalización de drogas para implementar soluciones nacionales que hagan frente al problema del cannabis, con arreglo a sus prioridades y necesidades.
En principio, resulta desalentador ver como cuatro partidos de izquierdas no han sido capaces de ponerse de acuerdo para presentar un único proyecto. Avanzar en un frente común por la regulación del cannabis hubiera sido más eficaz para recabar la aprobación de otras fuerzas políticas, que imponer de entrada la división de los intereses partidistas. Ante este panorama sera fácil para el PSOE votar en contra.
Los tres partidos de la Cámara Baja plantean una regulación del acceso a la sustancia por cuatro vías: medicinal (a través de farmacias), individual (mediante el autocultivo), club cannábico (producción colectiva) y comercial (a través de las cañamerías, locales con licencia de venta). En los detalles de cada una de las propuestas se evidencian las presiones ejercidas por los distintos actores de un activismo cannábico dividido. Las diferencias sin ser sustanciales están presentes en todos los niveles. Por ejemplo, Más Madrid considera 12 plantas femeninas la cantidad máxima de autoproducción, con 3,650 kg de acopio anual (establecido en base a un consumo de 10 gr/día); para ERC, serían 6 plantas, con un acopio anual en base a un consumo de poco más de 8 gr a la semana. UP establece una limitación no de plantas sino de espacio de cultivo exterior de 20 m3 por persona, también con un máximo de 3,650 kg anual.
En el cultivo asociativo, UP propone 90 kg como máximo establecido por asociación, 6 m3 de cultivo por socio que tendría como máximo una dispensación de 90 gr al mes. Más Madrid, en cambio, permitiría un cultivo de 150 kg por cada 50 socios que compongan la asociación, sin poner límite de socios, haciendo difícil distinguir una cañamería comercial de una asociación. Más Madrid es el único que introduce en su propuesta que la sanción sea por conducir bajo los efectos del THC, no como se hace ahora por la mera presencia de THC en el organismo.
Las 24 paginas del proyecto de ley de Más Madrid y las 31 de ERC contrastan con las 89 de Unidas Podemos, evidentemente una proposición más elaborada con muchas posibilidades de llegar a consensos el año que viene.
