Por segunda vez, el Tribunal Supremo (TS) dicta sentencia contra un club cannábico. Con un “copiar y pegar” vuelve a condenar a los responsables, esta vez, de la asociación Three Monkeys, de Barcelona, de delito contra la salud pública.

Una condena que se ha visto atenuada debido a que se actuaba bajo un conocimiento equivocado sobre el ámbito y alcance de la prohibición del cultivo y distribución de cannabis, eso sí, no haciendo nada por superar ese error. En palabras de los magistrados: “Cuando se albergan razones para sospechar la ilicitud de su conducta y se cuenta con medios para alcanzar el conocimiento de esa ilicitud, siéndole exigible hacer uso de ellos antes de actuar”.

Compartimos el voto particular del magistrado J. Giménez García, que considera esta vez el caso de un error del tipo invencible la creencia de actuar legítimamente y de acuerdo a derecho. Como aparece a las claras en los estatutos de esta asociación se dice que: “En espacios privados y en el ámbito estrictamente privado, debidamente registrados y con obtención de las oportunas licencias municipales en caso necesario, se llevará a cabo, adoptando las medidas de seguridad necesarias, por profesionales altamente cualificados en biología y agronomía y por expertos contratados, y con total control y transparencia y en plena colaboración con las autoridades, el cultivo y distribución entre los socios”.

Una finalidad que está lejos de ocultar la producción de cannabis y su distribución entre los socios. Parece, sin duda, que es una descripción transparente de la real actividad que se proponían, no, como dicta la resolución: “una fórmula ambigua e invocaciones retóricas”.

Unos estatutos que para ser inscritos en el Registro ya han sido analizados por la Fiscalía, eso sí, de “aire progresista”. La interpretación de las leyes con la mentalidad conservadora que profesa este Gobierno ha finiquitado la progresión que los clubs cannábicos han tenido estos últimos años; con artimañas, acusando a los clubs de asociación delictiva, de banda criminal, para poder llegar más rápido al TS, un tribunal también de mayoría conservadora.

Las estrictas condiciones de funcionamiento, sobre todo en la interpretación del número de socios que pueden participar en un cultivo compartido, hará que muchos se pasen a la clandestinidad, otros a la estricta desobediencia, y pocos serán los que puedan amoldarse a las nuevas condiciones.

Entre tanto, después de estas sentencias, primero contra Ebers y ahora contra Three Monkeys, la Fiscalía y la policía se encuentran más valientes para meterse con las asociaciones cannábicas. Así ha pasado en Molins de Rey (Barcelona), donde se han encontrado con el comisario justiciero de turno que ha reabierto casos ya cerrados intentando acabar con una asociación. Así mismo, en Madrid también se han intervenido clubs y hay una gran mayoría de estos que por precaución han dejado de distribuir cannabis, por lo menos en “blanco”. En San Sebastián, la presión ejercida por la Ertzaintza durante varios meses a los socios en la puerta del club cannábico Street Hunter, interviniéndoles dosis mínimas de autoconsumo, ha degenerado en la imputación de su presidente por tráfico de drogas. Ya hay un proceso judicial abierto.

Se está haciendo inevitable, como reconoce el TS, el necesario cambio legislativo para poder recoger las demandas de la sociedad; un cambio esperemos llegue en esta próxima legislatura.