El partido Sumar, coalición a la que pertenece la ministra de Sanidad Mónica García, acordó posponer el debate sobre la regulación integral del cannabis a pesar de sus intenciones iniciales. Ya les parece mucho que el PSOE apruebe el acceso medicinal por lo que se concentrarán exclusivamente en lograr una regulación del cannabis con fines terapéuticos.
Llevamos más de tres meses con el nuevo Gobierno y aún no se ha dado a conocer el encaje legal para esta regulación, en definitiva, todavía se desconoce lo que ha decidido la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre este nuevo medicamento. Arguyen que el proyecto necesita una nueva revisión a pesar de estar “ultimado” desde el pasado mes de mayo. Recordemos que hace más de un año que expiró el plazo concedido al Gobierno por el Congreso de los Diputados para la regulación.
Por otra parte, parece que a la ministra García también le costará sacar una respuesta de la AEMPS sobre lo que opina del cáñamo no psicoactivo (CBD). Una cuestión que urge resolver, pues sigue vigente la orden cursada por la Fiscalía a la Policía de no permitir los cultivos de la flor de cáñamo. Como saben nuestros lectores, los empresarios que se arriesgan con este cultivo son juzgados de delito contra la salud pública en su modalidad “de sustancias que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia”, para ser seguidamente absueltos basándose en fallos anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ya quedó claro que, respecto al CBD, “No se ha practicado ninguna prueba de cargo, de ámbito científico sanitario, que permita corroborar los efectos dañinos para la salud humana”. ¡Vaya gasto de dinero público sin sentido!
Hay una corriente en el PSOE que se ha convertido en el principal opositor dentro del Gobierno a una regulación completa que garantice el acceso al cannabis para la población adulta. Esperemos que la pronta regulación en Alemania les haga por fin aceptar una realidad incuestionable.
Mientras, la guerra contra las drogas se ha desatado en Barcelona. Los clubs sociales de cannabis quieren contratacar al cierre de sus sedes sociales con una demanda millonaria contra el ayuntamiento catalán por daños y perjuicios tras las obras que tuvieron que hacer para adaptarse a la normativa municipal. En otras partes del mundo, en cambio, se actúa con el fin de acabar con esta guerra, como, por ejemplo, en Colombia, donde se ha derogado la ley que penalizaba con multas la posesión en espacios públicos de pequeñas cantidades de drogas para uso personal. La policía no tendrá ya excusa para molestar a los usuarios. El proyecto del presidente Gustavo Petro es centrarse en el cuidado de la vida, con énfasis en la transformación territorial, la protección ambiental y la salud pública, así como en la prevención del consumo y la reducción de riesgos y daños. Hay un cambio de paradigma en las políticas de drogas, pero parece que, de momento, nuestros políticos no se enteran.
