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Tiempo y dinero. Editorial #273

Hace veinte años que, por estas fechas y solo por estas, había un goteo continuo de noticias donde se daba cuenta de las incautaciones de marihuana en huertos particulares.

El cultivo de exterior primaba entre los cultivadores usuarios. Para la Benemérita, encontrar en aquellas pocas diez plantas bien floridas en el patio de una casa suponía la detención de un narcotraficante. Los tiempos han cambiado y la normalización del uso ha hecho también que los cultivadores ya no piensen en si mismos, sino en la demanda existente.

As. empezaron a surgir cultivos profesionales en interior, una forma de producir más segura a las miradas indiscretas destinada a abastecer un mercado “sin papeles” y, ya que se está fuera de la ley, no se quiere oír ni hablar de hacer facturas de lo vendido. Además –de perdidos al río– los investigadores han estimado que el fraude eléctrico de estos cultivos asciende a 1.769.700 euros por trimestre. Ahora no hay semana del a.o que no se notifique la incautación de una plantación de más de 500 plantas en todas y cada una de las provincias del territorio español.

Hay una cierta relajación entre los cultivadores, ya que la ley en España considera el cannabis como droga no peligrosa, lo que ha incentivado también a numerosas organizaciones extranjeras, con leyes más duras en sus países, a emplear nuestro territoriopara establecer sus jardines. Cada año que pasa se decomisa un 60 % más de cannabis que el anterior y se detienen a unas 1000 personas, mientras ciudadanos usuarios exigen respeto a su consumo. Ya en 2017, el 35,2 % de adultos españoles reconoció haber consumido cannabis alguna vez en su vida, proporción que ha continuado la tendencia creciente iniciada en 2013. Hay un 2,5 % de la población que usa el cannabis habitualmente (en los últimos 30 d.as), más de un millón de ciudadanos que quieren ser tenidos en cuenta y que se respeten sus derechos.

Una de las ventajas que ofrece la legalización del mercado del cannabis es la recaudación de impuestos relacionados con las actividades del cultivo, manipulación, distribución y venta. Ahora, en época de pandemia, tenemos un Estado en crisis económica que pide dinero a Europa, mientras aquí., los vendedores de cannabis trabajan sin pagar IVA ni cotizar a la seguridad social. ¡La cantidad de mano de obra que podía estar cotizando! Colorado tiene seis millones de ciudadanos y el Estado grava con un impuesto del 2,9 % todas las ventas de cannabis, además del impuesto al consumo (una especie de IVA) que también se aplica. A la recaudación por estos conceptos debe sumarse lo que proviene del otorgamiento de licencias, más de 300 millones anuales de recaudación. En Canadá el Estado ingresa un dólar por cada gramo vendido.

Si en España se hiciese lo mismo se podría recaudar un millón de euros al día solo con las transacciones diarias. Además de generar estos ingresos, mucho dinero se ahorraría el Estado por no tener que mantener encarcelados a cultivadores y mercaderes de cannabis, con sus costosas costas judiciales, y la policía podría dedicar su tiempo a cosas más preocupantes. Estamos perdiendo tiempo y dinero.

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