Olga Sánchez Cordero
Olga Sánchez Cordero

México: Claroscuros de la transición presidencial

La futura secretaria de Gobernación anuncia legalización, sin embargo, integran a prohibicionista recalcitrante
Redacción

Sin duda, se viven momentos intensos en México: las recientes elecciones reconfiguraron el poder político de tal modo que el otrora partido hegemónico prácticamente desapareció del mapa político nacional después de haber permanecido en el poder durante 70 años, perdido en el año 2000 y recuperado la presidencia en 2012. Si bien es cierto que un porcentaje alto de quienes ahora encabezan el gobierno y la legislatura militaron previamente en el ahora opositor partido revolucionario institucional, también lo es que estos comicios muestran el hartazgo hacia el sistema político, corrupto y abusivo, que predominó desde la tercera década del siglo pasado hasta estos momentos. Aún no descienden los efectos de esta –para decirlo en palabras del doctor Juan Ramón de la Fuente– catarsis nacional, que ha sumido el ambiente político en una especie de tregua pues, salvo contados casos aislados, no se percibe beligerancia en los discursos de unos y otros. 

Ante este panorama, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien encabezará el ministerio del interior, ha declarado en repetidas ocasiones su intención de cambiar radicalmente el sistema de justicia con miras a alcanzar la urgente pacificación del país. Entre sus propuestas, la exjueza de la Suprema corte ha señalado la necesidad de legalizar el cannabis “desde la producción hasta el consumo” con fines personales. La propuesta que hasta el momento pone sobre la mesa incluye, asimismo, la regulación de la producción de amapola.

Estas declaraciones han sido bien recibidas entre la comunidad cannábica mexicana y en sectores favor de la despenalización, quienes ven en ellas una señal de voluntad real de modificar de fondo la actual y desastrosa política de drogas que, aunada otros factores, en México ocasionó una catástrofe humanitaria con más de 250 mil muertos y 30 mil desaparecidos en poco más de una década.

Hasta el momento, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo por amplia mayoría en los comicios del 1 de julio, no se ha manifestado al respecto, se espera que en pocos días se formulen declaraciones sobre seguridad, luego de la reunión sostenida tanto con Sánchez Cordero como con el resto de su gabinete de seguridad, relaciones exteriores y política, entre otras figuras con experiencia en esa materias.

Uno de los convocados es Manuel Mondragón y Kalb, quien hace una década fuera encargado de seguridad pública del entonces Distrito Federal y posteriormente, en 2014, nombrado Comisionado Nacional contra las Adicciones, donde mantiene una postura marcadamente antimarihuana, y donde lo único que ha admitido, a regañadientes, es la importancia de regular el cannabis medicinal.

La inclusión de un prohibicionista en el equipo del nuevo gobierno, aunque no se ha definido si ocupará algún puesto y cuál será, ha provocado desencanto entre las organizaciones y personalidades que históricamente han pugnado por cambiar la anquilosada y violenta política antidrogas que ha sumido a México en la violencia, pues podría ser una señal de que el prohibicionismo sigue vigente y se continuará la política represora hacia los consumidores de sustancias psicoactivas.

Pese a todo, respecto a la mariguana, hay una sensación de optimismo ante el cuarto amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 4 de julio y se tiene por cierto que será en el poder judicial donde acabe por definirse la despenalización del cultivo con fines personales. Estos cuatro amparos, otorgados en total a nueve personas, permiten a sus beneficiarios sembrar, cultivar, cosechar, transportar, entre otras actividades con fines de consumo personal.
De modo que probablemente no haya que esperar hasta después del primero de septiembre, cuando  tomarán posesión los diputados y senadores electos, para empezar a cabildear nuevas leyes del cannabis. Probablemente veamos pronto el quinto amparo, que sentará la jurisprudencia necesaria para que todas las solicitudes de permiso de cultivo con fines personales sean aprobadas y que incluirá la recomendación al poder legislativo para que regule una actividad a todas luces necesaria en la realidad del siglo XXI.