El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) a nivel mundial y Acciones para el Cambio en Colombia, se dieron a la tarea de evaluar los compromisos adquiridos por los gobiernos del mundo para llevarnos a un mundo libre de drogas en el año 2019. La conclusión no puede ser más desalentadora. Pero las alternativas ya muestran esperanzas.
En un momento en que la evidencia desfavorable de la guerra contra las drogas está en crisis, no por la fiabilidad de sus datos, sino por la incapacidad de poder llegar a las personas del común para que presionen otras políticas de drogas, las organizaciones de la sociedad civil en el mundo y en Colombia, se han dado a la tarea de recabar esas evidencias y ponerlas, no solo en la mitad del debate mundial de drogas en las Naciones Unidas, si no también al alcance de los políticos, los técnicos y los ciudadanos para que no se ilusionen con resultados diferentes, si siguen aplicando la misma fórmula fracasada.
El pasado 14 y 15 de marzo de 2019, se realizó en Viena (Austria) el Alto Segmento Ministerial de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), que tenía como propósito evaluar, 10 años después, las metas propuestas por las Naciones Unidas en el año 2009 y que tenían como objetivo avanzar hacia un mundo libre de drogas. Visionarios de que esta meta no iba a ser cumplida, en 2016, los gobiernos de México, Guatemala y Colombia convocaron una sesión especial en las Naciones Unidas para ajustar estos objetivos de cara a la reunión que se realizó en el mes de marzo en Viena.
La fecha llegó, los objetivos no se ajustaron, los 10 años se cumplieron y un mundo libre de drogas es cada vez más improbable. Conocedores de este resultado, los 53 países que conforman la Comisión de Estupefacientes (CND) y que orientan las políticas de drogas a nivel mundial, no hicieron mayores esfuerzos por adelantar una evaluación de los compromisos adquiridos, fue así como el IDPC (Consorcio Internacional de Política de Drogas), la plataforma que cuenta con más de 170 organizaciones de la sociedad civil para el tema de drogas, se dio a la tarea de realizar un informe sombra que diera luces a los gobiernos sobre las consecuencias de sus medidas y los resultados no podrían ser más desconsoladores.
10 años de fracaso en la guerra contra las drogas a nivel mundial
El objetivo que se trazaron los países estaba enfocado en “eliminar o reducir considerable o mensurablemente” el cultivo de coca, amapola y marihuana; el consumo de drogas y sus riesgos sanitarios; la producción y fabricación de drogas, incluidas nuevas sustancias; el desvío de precursores y el lavado de activos. Para eso el IDPC desarrolló el informé “Balance de una década perdida de Políticas de Drogas – Informe sombra de la sociedad civil”. Los principales hallazgos son los siguientes.
En cuanto al cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2009 y 2018 no se redujo la escala global de cultivo de opio, coca y cannabis. De hecho, durante este período, el cultivo aumentó un 125 % en el caso de la adormidera y un 30 % en el del arbusto de coca. En lo que respecta al cannabis, si bien no se dispone de estimaciones globales recientes, la UNODC señala que, entre 2010 y 2016, se notificó el cultivo de la planta en 145 países, sin que se insinúen indicios de reducción.
Sobre la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas, el informe indica que se calcula que unos 275 millones de personas en todo el mundo de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años consumió drogas en al menos una ocasión en 2016, una cifra que representa un aumento del 31 % con respecto a 2009. En cuanto a la producción, la fabricación, la comercialización, la distribución y el tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas, los datos de los que dispone la ONU muestran que la producción y el uso de metanfetaminas se mantienen en todo el mundo, así como un mercado creciente en África Septentrional y Occidental, Norteamérica, Asia Oriental y Sudoriental, y Oceanía. En paralelo, entre 2009 y 2017, aparecieron en el mercado mundial de drogas más de 800 nuevas sustancias psicoactivas, mientras que la UNODC apunta que el uso ilícito de fármacos de venta con receta ha alcanzado niveles sin precedentes en varias regiones, en especial en Norteamérica.
Además de mostrar el fracaso de la guerra contra las drogas se plantearon evidencias sólidas sobre el impacto positivo de la regulación de los mercados ilegales de drogas como el cannabis medicinal y recreativo; las estrategias de reducción de riesgos y la sustitución de cultivos
En cuanto al cuarto compromiso relacionado con la desviación y el tráfico ilícito de precursores, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha notificado un incremento del uso y el número de precursores en la producción ilícita de drogas. Además, aunque las incautaciones de precursores como el permanganato de potasio (utilizado en la fabricación de cocaína) aumentaron de 92.702 kilos en 2012 a 585.072 kilos en 2016, la producción mundial de cocaína se ha incrementado un 44 % desde 2009.
Por último, sobre eliminar o reducir considerable y mensurablemente el blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas, cada año se blanquea a escala mundial una cantidad que oscila entre los 800 millones y los 2 billones de dólares estadounidenses (USD), lo cual representa entre el 2 y el 5 % del PIB global. Se estima que un 25 % del total de ingresos de la delincuencia organizada transnacional procede de la venta de drogas, y que el mercado mundial de drogas alcanza un volumen que se sitúa entre los 426.000 y los 652.000 millones de USD. De estos, más de la mitad de las ganancias brutas generadas se canalizan hacia el blanqueo de dinero, mientras que el dinero blanqueado que se confisca se sitúa por debajo del 1 %.
Con estos datos recolectados por IDPC, las conclusiones no podían ser más claras, poniendo de “Manifiesto que los objetivos y compromisos asumidos en la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 no se han alcanzado y que, en muchos casos, se han traducido en políticas contraproducentes. El Informe sombra subraya la necesidad urgente de efectuar estudios y evaluaciones más exhaustivos y equilibrados sobre las repercusiones de las políticas de drogas en todo el mundo, teniendo en cuenta no solo datos gubernamentales, sino también investigaciones académicas y conclusiones de la sociedad civil. El Informe sombra apunta que los Estados Miembros deberían identificar metas y objetivos más significativos en materia de políticas de drogas, en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el documento final de la UNGASS y los compromisos internacionales sobre derechos humanos”.
En Colombia, 10 años de guerra perdida contra las drogas. Balance
Inspirado en el informe de IDPC e intentando dar respuesta a los mismos compromisos adquiridos por los gobiernos del mundo, pero a nivel local, la coalición de Acciones para el Cambio , realizó el informe “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década” que tenía como objetivo dar cuenta de los resultados e impactos de la aplicación de las políticas de drogas en Colombia en los últimos 10 años. Esta es la respuesta a los 5 compromisos que adquirió el mundo, pero en Colombia.
En cuanto a eliminar o reducir considerable y mensurablemente el cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis, el Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia 2017 –realizado por el Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos (Simci) de Unodc y publicado en septiembre de 2018–, declaró que en 2017 Colombia tenía 171.000 hectáreas de cultivos de coca, un aumento de 103.000 hectáreas en relación a las 68.000 que había una década atrás. A lo que habría que sumar el aumento en la productividad de la planta de coca en un 19%, según el gobierno de los Estados Unidos.
Sobre la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas, el informe indica que según el Ministerio de Salud y Protección Social, la prevalencia del consumo por año de sustancias ilegales en Colombia aumentó de 1,6% en 1996 a 2,7% en 2008 y a 3,6% en 2013. Del total para 2013, reportan haber consumido al menos una vez en la vida 871.443,30 personas en Bogotá; 725.998,62 en Medellín y Área Metropolitana; 363.833,64 en Cali y Yumbo; y 128.832,06 en la región del Atlántico.
En cuanto la producción, la fabricación, la comercialización, la distribución y el tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas, el informe indica que, de acuerdo con los datos proporcionados en el más reciente Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos en Colombia, las incautaciones de cocaína aumentaron 20%, al pasar de 362.415 kg en 2016 a 435.431 kg en 2017. Mientras tanto, la cantidad de laboratorios de cocaína destruidos se redujo de 4.820 en 2016 a 4.252 en 2017. De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, desde 2010 en Colombia se han detectado 32 nuevas sustancias psicoactivas, siendo el país en Suramérica que más ha encontrado.
Sobre la desviación y el tráfico ilícito de precursores, la respuesta según el informe es que el ODC no presenta datos cuantificados sobre el control y la fiscalización de precursores, solo hace referencia a acciones de coordinación entre el gobierno y empresas privadas y sobre el lavado de activos. El informe dice que los sistemas de información oficiales no presentan cuantificación alguna del fenómeno ni hay referentes de base para establecer alguna reducción. Por el contrario, solo hacen referencia al número de imputación a personas por el delito: 772 entre 2016 y marzo de 2017, de las cuales 337 tuvieron sentencia.
La conclusión y la alternativa
El informe muestra además que no solamente se fracasó en el cumplimiento de los compromisos en estos cinco puntos, si no que, además, los costos ambientales, económicos, sociales y en vida son muy altos y no justifican la inversión para resultados tan paupérrimos. Por ejemplo, cuenta el informe que, según el Departamento Nacional de Planeación, este fracaso le costó al país, entre 1995 y 2010, cerca de 20 billones de pesos, de los cuales, tan solo en el año 2010, la reducción de la oferta se llevó el 64% del presupuesto, mientras que la reducción de la demanda, tan solo el 4,1%. Entre los años 2010 y 2015, la Policía Antinarcóticos recibió 764.600 millones de pesos, y la Armada Nacional destinó para la lucha contra el narcotráfico, entre 2011 y 2015, la suma de 1,3 billones de pesos, según la Contraloría General de la República. Esto sin contar los efectos humanitarios de la asociación entre tráfico de drogas y conflicto armado que no cesan.
9,1 millones de hectáreas han sido asperjadas con el agrotoxico glifosato, más de 24.000 personas estaban en la cárcel por delitos de narcotráfico para mediados del año 2018 y 64 de los líderes sociales asesinados en los últimos dos años, tenían algún nivel de vinculación con el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos). Esto sin contar los muertos por sobredosis, el impacto social derivado del microtráfico y la dependencia a las drogas, los policías y erradicadores heridos y muertos, o los colombianos que han optado por actuar en el lado de la ilegalidad y también han perdido la vida.
El evento alterno que organizó la coalición de Acción para el Cambio, llevaba por nombre “Criminalización y Persecución Vs Salud y Desarrollo: El Camino a Seguir” y con la presencia de delegados de México, Brasil, Colombia y Argentina pudo no solo mostrar este fracaso, sino también plantear evidencias solidas sobre el impacto positivo que está teniendo la regulación de los mercados ilegales de drogas como el cannabis medicinal y recreativo; las estrategias de reducción de riesgos y daño para el cuidado de la salud de los consumidores recreativos y problemáticos; la sustitución de cultivos concertada con el desarrollo; la evidencia para tomar decisiones de política, entre otras acciones, que actúan en lo local, de manera más práctica y realista y mostrando un camino alternativo frente a este fracaso ya demostrado de la guerra contra las drogas.
