El antiprohibicionismo siempre ha encontrado entre los defensores de las ideas liberales a muchos de sus principales aliados. Sin embargo, a menudo se asocia el liberalismo con un pensamiento conservador o alineado con la derecha política. Juan Ramón Rallo (Benicarló, Castellón, 1984) se define como liberal; y más concretamente, como liberal-libertario. Defiende la diversidad sexual y social, la eutanasia, el derecho de secesión, las fronteras libres, el matrimonio homosexual y la libertad de producir, vender y consumir drogas. El liberalismo no es la nueva derecha, pero ojalá lo fuera.

Licenciado en Derecho y doctor en Economía, Rallo desarrolla su labor como economista impartiendo clases en varias universidades, publicando ya más de una decena de libros y participando habitualmente en conferencias y debates académicos. Además, ha ido ganando popularidad gracias a su creciente presencia en medios de comunicación de todo corte ideológico: desde sus apariciones en La Tuerka hasta sus intervenciones en esRadio, pasando por sus colaboraciones en La Sexta o sus columnas en El Confidencial.

Para Rallo, “ser liberal significa respetar a las personas en la teoría y en la práctica; respetar sus derechos a vivir sus vidas tal cual ellos las escojan vivir, a cambio de que los demás respeten tus derechos”. A lo que añade: “Eso también implica que las personas que están al frente del Estado no tengan una legitimidad extraordinaria para conculcar esos derechos por el hecho de estar ahí”. Tras la sesión de fotos que ilustran esta entrevista, hablamos sobre drogas y libertad.

¿Es compatible el liberalismo con la defensa de la prohibición?

Es verdaderamente complicado pensar argumentos buenos y coherentes para justificar la prohibición de las drogas desde una óptica liberal. Porque el liberalismo dice: vive tu vida como quieras; sin dañar a otros, sin someter a otros, sin imponer tu modo de vida sobre otros. Para vivir tu vida, lo más inmediato que tienes es tu cuerpo. Si ni siquiera respetas que otras personas hagan lo que quieran con su cuerpo, siempre y cuando no se metan en el cuerpo de los demás, ¿cómo vas luego a defender la propiedad privada o los contratos?

Algunos alegan que la –potencial– adicción “secuestra” la libertad del individuo.

Todos somos hijos de nuestras decisiones pasadas. Cada vez que tomamos una decisión en la vida, estamos cerrando nuestras opciones para tomar otras. Eso no significa que estemos renunciando a nuestra libertad, sino que estamos modulando nuestra libertad del modo que consideramos más adecuado. ¿Que un uso irresponsable de las drogas puede tener secuelas sobre una persona? Evidentemente. Y es la persona la que ha de decidir si quiere exponerse a semejante riesgo, si quiere minimizar ese riesgo informándose o si quiere eliminarlo totalmente no consumiendo. De la misma manera que quien practica deportes extremos o desarrolla actividades arriesgadas o toma decisiones relativamente irreversibles (qué estudiar, dónde trabajar, con quién contraer matrimonio, tener hijos…) también está tomando decisiones que modulan su libertad.

Se hace camino al andar

En 2003, con 19 años, comenzaste a publicar una serie de artículos en los que denunciabas los excesos y fracasos de la guerra contra las drogas. ¿Cómo fue tu llegada al antiprohibicionismo?

Llegué de joven, conforme me fui acercando a las ideas liberales; fue la aproximación que me resultó absolutamente coherente con esos principios. A uno le podrán gustar las drogas o no, pero desde una perspectiva liberal y coherente no veo muchos argumentos de peso en sentido contrario: si las personas no han de ser libres de hacer nada de lo que luego se puedan arrepentir, prácticamente podríamos prohibirlo todo.

¿Qué autores influyeron en tu posicionamiento?

Hay muchos autores que dentro del liberalismo o desde enfoques liberales han defendido este tema: Thomas Szasz, de la mano de Milton Friedman, o Ludwig von Mises: “Si prohibimos esto, ¿por qué no prohibimos determinada literatura que pueda enfangar las mentes de las personas?”. Y Antonio Escohotado, evidentemente, como referencia española; en aquel momento, no liberal, pero la defensa que hacía de la legalización de las drogas sí era claramente liberal.

De hecho, fue el propio Escohotado quien tradujo Nuestro derecho a las drogas, de Szasz.

Exactamente. Otros autores más recientes: Jacob Sullum, desde una perspectiva económica, me reafirmó ya no solo en la perspectiva moral sino también en el desastre del prohibicionismo; también Mark Thornton (The Economics of Prohibition) y algunos autores españoles, como Miguel Anxo Bastos. No fueron decisivos en determinar mi postura, pues ya era antiprohibicionista, pero sí me ayudaron a reforzar el discurso. Han sido muchos los que, desde muchos ángulos distintos, pero siempre con un común denominador –el liberalismo– han respaldado esa postura.

¿Cuáles serían para ti los principales argumentos a favor de derogar la prohibición, por orden de prioridad?

En primer lugar, el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona. Si ese proyecto pasa por consumir drogas, ya sea con fines lúdicos, ya sea con fines médicos, tiene pleno derecho a hacerlo. En segundo lugar, un argumento más consecuencialista pero muy importante: la guerra contra las drogas ha sido un desastre de tal magnitud; ha destruido tantas sociedades y tantos países, ha acarreado tantísimos muertos y el encarcelamiento masivo de personas… Más allá del gasto público y los impuestos que se hayan dilapidado en todo esto, las vidas destrozadas tanto en países productores como en países consumidores es un argumento muy de peso. La cifra de gasto es de una magnitud extraordinaria, pero no es ése el principal argumento. A mayores, si queremos entrar en que es una actividad perfectamente lícita y que se podría dinamizar esa parte de la economía, bien, pero no es ni mucho menos lo esencial. El propósito de legalizar no es mercantilizar. Otra cosa es que en una sociedad basada en la división del trabajo, por mera eficiencia y especialización, se tienda a mercantilizar. Pero aunque no se mercantilizase en absoluto, también estaría bien: el propósito es defender la libertad individual y dejar de destrozar las vidas de millones de personas.

“Para prepararse hay que empezar a andar: si se mantiene la prohibición, nunca se va a estar preparado”

¿Has matizado tu discurso desde aquellos primeros textos?

Quizá lo que más haya cambiado frente a mis posturas de hace casi veinte años no es tanto el principio último, que lo sigo defendiendo –porque es el respeto a los derechos individuales, y ahí hay poco que transigir–, sino la adaptación o la transición. En aquel momento, veía que se podía pasar de cero a uno inmediatamente, sin ningún tipo de dificultad. Con el tiempo me he ido volviendo mucho más consciente de los problemas de las transiciones; en general, no solo en materia de drogas. En este caso concreto, no es lo mismo una sociedad que esté informada y formada, que sepa cómo manejar las drogas, como pasa con el alcohol, que lo que pasa con otras, sobre las que mucha gente no tiene absolutamente ninguna idea. No digo que deba ser así, pero quizás esas cautelas nos llevarían a una despenalización más gradual y progresiva. Sería lo único, el objetivo último tiene que ser el mismo: despenalizar completamente todas las drogas. Cualquier cambio social profundo tiene que ser progresivo, porque si no existen las instituciones informales que permitan coordinar a la gente ante un cambio tan drástico de su sociedad, se pueden dar problemas. Con la inmigración sería lo mismo: yo defiendo las fronteras libres, pero abrirlas todas de golpe probablemente no sería la mejor solución. Sí se podrían ir abriendo progresivamente. Por ejemplo, este año, 150.000 nuevos inmigrantes. Que entran y no pasa nada serio, más allá de la paranoia de algunos, pues el año que viene, 350.000. Así se puede ir viendo y evaluando el proceso.

Sin que esto signifique que la sociedad española no está preparada y que, por tanto, no vamos a empezar nunca.

No, no. Para prepararse hay que empezar a andar. Si se mantiene la prohibición, nunca se va a estar preparado. Si no responsabilizas a la gente, la gente no se va a formar. Ilegalizar una actividad y excluir a mucha gente de que se pueda responsabilizar, de que pueda aprender, es mantenerla en la ignorancia permanente.

El arbitraje moral del Estado

En tu último libro, Liberalismo: Los 10 principios básicos del orden político liberal (Deusto, 2019), hablas de los crímenes sin víctimas y defiendes que no se deban sancionar aquellas conductas que no violen los derechos de nadie. El Código penal español castiga la producción y venta de drogas por delito contra la salud pública. ¿Existe una “salud pública”? ¿Cómo se concreta?

Se puede desarrollar un concepto razonable de “salud pública”, que básicamente son las externalidades negativas que uno genera sobre otros: contaminar o extender una enfermedad propia sobre terceros. Una pandemia es un problema de salud pública que trasciende a la salud individual. Incluso se podrían poner en este epígrafe –quizá sea un poco forzado– las consecuencias que sobre terceros puedan tener las acciones de una persona bajo un régimen de consciencia disminuida o afectada por las drogas; que es lo mismo que coger el coche borracho. Si se quisiera extender el concepto de “salud pública” hasta ahí, podría ser razonable. Más allá, considerar un problema de salud pública el que uno decida producir drogas para que otro voluntariamente decida consumirlas en su vida, en su casa, en una comuna, en una asociación... No es un problema de salud pública. En todo caso, es una cuestión de salud privada, sobre la que ahora mismo, y por desgracia, el soberano no es cada una de las personas que debería poder decidir si quiere consumir o no consumir drogas.

 “Producir y consumir drogas no es un problema de salud pública; en todo caso, de salud privada”

En la práctica, parece una curiosa manera de convertir ese derecho constitucional a la salud en la obligación de estar sanos.

Sí, obligación de estar sanos y, además, desde una perspectiva muy moralista. Se considera insano que una persona esté bajo los efectos transitorios de alguna droga cuando a lo mejor su salud no ha corrido absolutamente ningún daño. Es como decir: he tomado una copa, estoy en un estado de embriaguez, estoy insano; no, solo estoy un poco borracho. Lo mismo con las otras drogas. Si lo que en algunos casos pueda llegar a dañarnos lo tildamos de insano por el mero hecho de que nos desagrada o nos resulta inmoral, dentro de esa caja prohibicionista cabe casi todo lo que nuestra intolerancia quiera introducir.

La guerra contra las drogas empezó como una cruzada moral, aunque ahora se disfrace con argumentos sanitarios.

Al final es eso: a mí no me gusta que tú consumas y, por tanto, voy a ver cómo justifico el utilizar la fuerza contra ti para prohibirte que consumas. Pero vistiéndolo con argumentos que no suenen a fuerza bruta, porque entonces parecería yo el salvaje y no tú. Tengo que ver cómo justifico la violencia, aunque tú no estés haciendo daño a nadie; en el mayor de los casos –y ni siquiera siempre– a ti mismo.

Comentabas hace tiempo que, aun asumiendo la postura paternalista, si se comparan drogas legales e ilegales…

Sí, la mortalidad de muchas drogas ilegales es irrisoria frente a drogas legales que tenemos perfectamente asumidas como razonables. Y además veríamos como un atentado muy fuerte contra nuestra libertad que nos prohibieran consumirlas. Esa doble moral: lo que el Estado me dice que es legal está bien; y lo que el Estado, en su máxima sabiduría, me dice que ha de ser ilegal es algo malísimo y oscurísimo con lo que no hay que mezclarse. Ahí está la arbitrariedad moral del Estado.

En el libro también dices que si se agreden los derechos de una persona, a esa víctima debe asistirle un derecho de sanción contra quien le haya agredido. ¿Se podría considerar que el Estado es un agresor?

El Estado es un agresor, de eso no cabe duda.

Entonces, si se llegaran a despenalizar totalmente las drogas, ¿debería el Estado excarcelar a los presos por delitos relacionados y compensarles por esos años en prisión?

El tema de la compensación a través del Estado es complicado, porque al final quienes compensan son los ciudadanos: y habrá ciudadanos que hayan sido colaboracionistas de esa agresión del Estado, pero muchos otros que no –y sería injusto que estos últimos tuvieran que compensarles–. Lo primero, en todo caso, es sacar de la cárcel a los presos y luego, probablemente, meterlos en algún tipo de programa de compensación, equiparable a las compensaciones que se puedan dar por otras injusticias que cometa el Estado. En todo caso, también tengamos en cuenta que parte de los presos son puramente inocentes –simplemente ha comercializado drogas con una calidad pactada, sin ningún tipo de violencia entre las partes–, pero otros pueden ser responsables de otros delitos distintos donde sí haya mediado la violencia: por esos delitos no cabría ni amnistía ni compensación.

Una prohibición que triunfa fracasando

Que se consuman drogas dentro de las cárceles es una muestra clara de la ineficacia de las políticas represivas. Incluso podríamos deducir que ni siquiera convirtiendo un país en una gran cárcel se va a conseguir erradicar su uso.

Eso es muy curioso. Las cárceles son el ámbito donde el Estado tiene una potestad absoluta. Es el paradigma de sociedad controlada por el Estado sin prácticamente ningún tipo de derecho individual. Y son entornos donde no solo se consumen drogas, sino que hay muchísima delincuencia. De nuevo, son mucho más importantes las instituciones informales –la cultura, los valores y demás, que lo que hacen es informar a la persona sobre cómo debe comportarse y educarla– que los ordeno y mando estatales, que suelen ser bastante ineficaces y no están acompañados de esos valores que te llevan a decir: esta ley la cumplo porque es razonable y supone un bien social. Y del mismo modo: sé que puedo hacer un uso responsable de las drogas, pues lo hago. O no me interesan los riesgos que conlleva, y no lo hago. Pero ésa debería ser la óptica, de abajo arriba y no de arriba abajo.

“¿Que un uso irresponsable de las drogas puede tener secuelas sobre una persona? Evidentemente. Y es la persona la que ha de decidir si quiere exponerse a semejante riesgo, si quiere minimizar ese riesgo informándose o si quiere eliminarlo totalmente no consumiendo”

Dada su falta de eficacia, ¿qué motivación tienen los gobiernos para insistir en la guerra contra las drogas?

Es una cuestión que uno debería estudiar desde una perspectiva mucho más histórica que apriorística. No he hecho esa labor y es complicado contestar. Mi sensación es que en un principio tuvo una motivación muy moralista: consumir drogas está mal y hay que perseguirlo, va a pervertir a nuestros jóvenes… Pero actualmente creo que se trata más bien de una megamaquinaria que se ha generado, que se alimenta y se justifica a sí misma, y que es muy difícil desarmar desde dentro. Si todo el entramado policial, penitenciario y militar que se ha creado con el objetivo específico de luchar contra las drogas se terminara, esa parte de la burocracia estatal se quedaría sin ningún tipo de competencias y en el paro. Eso es complicado de deshacer.

Si las posibles causas fueran, por una parte, la suma de muchos intereses particulares alineados, y por otra, una conspiración de las élites mundiales…

Hablaríamos más de lo primero. Lo que te decía de la burocracia son intereses individuales, de los burócratas que no quieren ser despedidos. Desconfío siempre de las teorías conspiranoicas. No porque no pueda haber conspiraciones, sino porque al final todo proceso complejo –y la sociedad es el resultado de procesos complejos– es muy costoso de entender. Porque habría que ir al origen histórico e investigarlo mucho; ver qué conexiones hubo, qué argumentos se expusieron, cómo se desarrolló… Es muy complicado desentrañar todo eso, y lo fácil es montarse una teoría agregada muy sencilla de la conspiración. En general, suelo desconfiar. Y en este caso, también.

Hay una teoría conspirativa según la cual el Estado habría distribuido heroína en Euskadi, durante los años 80, para desmovilizar a la juventud abertzale. El historiador Juan Carlos Usó señala, entre otros puntos, que ese discurso asume un mercado controlado por la oferta, donde la demanda no importa. ¿Cómo interaccionan entre sí oferta y demanda en estos mercados ilegales, y cómo repercute eso en la tasa de consumo?

En todo mercado, quien manda en última instancia es la demanda: no hay oferta si no hay demanda. Si uno introduce en un mercado, negro o no negro, oferta que no tenga demanda, ese señor no va a vender. En el caso de las drogas, alguno dirá: es que una vez lo experimentas, te vuelves adicto; pero es una visión muy inexacta de cómo funciona el consumo de drogas, no es como que consumo una vez y ya estoy enganchado. Demanda de drogas ha habido desde los orígenes de la humanidad, eso ha sido una constante histórica. Porque por nuestra naturaleza humana intentamos divertirnos con sustancias o desestresarnos o activarnos… y para eso se pueden utilizar drogas. Demanda la hay; que tú la intentes prohibir no significa que la demanda vaya a desaparecer, significa que se va a intentar canalizar por otros espacios que no controle el Estado. Y ahí entra un tipo de oferta que es menos controlable. La oferta del mercado negro, por estar en la ilegalidad, es mucho más informal, más potencialmente fraudulenta, mucho menos fiscalizable… Incluso los proveedores con una clientela habitual tienen una reputación a muy pequeña escala; no es lo mismo que mantener una reputación ante millones de personas. Es una oferta, en general, bastante peor de la que puede haber en un mercado formal. Pero oferta sin demanda… no tiene mucho futuro.

De la guerra a la paz farmacológica

¿La legalización es un mal menor o un bien mayor?

Toda ampliación de derechos que habilite que todas las personas vivan su vida como quieran es un bien. Y tampoco creo que haya que añadirle una tacha de desaprobación social a cualquier sustancia. No se trata de legalizar como mal menor frente a la guerra contra las drogas, con la esperanza de que ojalá la gente se aparte totalmente de esas sustancias. Se puede hacer un uso razonable, y no hay que colgarles un sambenito social para que sean legales pero queden relegadas a un espacio muy marginal de la sociedad. Que se pueden usar fatal, por supuesto. Pero también se pueden usar razonablemente bien, y ésa es la visión que hay que intentar trasladar con la legalización.

De los posibles modelos para una nueva política de drogas, o de los ya adoptados en otros países, ¿cuáles verías más adecuados?

Respecto al cannabis, varios estados de Estados Unidos son los modelos: despenalizar y permitir la producción y el consumo recreativo y médico. Aunque yo prefiero que el Estado no participe. Porque entiendo que pueda haber gente que tenga prejuicios morales hacia las drogas, quizá por ignorancia o por su credo religioso. Obligar a esa gente a participar de una actividad que ellos consideran inmoral no lo veo justo, aunque piense que están equivocados. Ni ellos se han de meter en la vida de quienes consumen, ni los demás les han de forzar a participar, apoyar o financiar ese proceso.

“No se trata de legalizar como mal menor frente a la guerra contra las drogas, con la esperanza de que ojalá la gente se aparte totalmente de esas sustancias. Que se pueden usar fatal, por supuesto. Pero también se pueden usar razonablemente bien, y ésa es la visión que hay que intentar trasladar con la legalización”

Si el Estado gravase con impuestos especiales estas actividades, ¿debería emplear ese dinero en costear los posibles gastos derivados o en minimizarlos, a través de campañas informativas?

Creo que no habría que gravar con impuestos. Pero si lo van a hacer, esa recaudación debería ir destinada a gastos sanitarios derivados de adicciones, de accidentes bajo los efectos de alguna droga… Incluso, si lo queremos, campañas informativas, aunque soy escéptico respecto a la información que pueda dar el Estado. Sí, el dinero debería reinvertirse en algo que beneficie a aquéllos que los han pagado, claramente.

Lo que parece lógico es que el precio final del producto, tras aplicarle el gravamen, deba ser competitivo con el del mercado negro.

Sí, claro. Si no, seguiría habiendo incentivos para buscarlo en el mercado negro. Pero la cuestión es: ¿a qué llamamos mercado negro una vez esté esto legalizado? Si es un mercado formal donde solo puede participar el Estado, estás manteniendo en la ilegalidad actividades que no deberían estarlo y no solucionas el problema. Si todo está legalizado, mercado negro sería mercado sin impuestos.

¿Qué efectos sobre el precio podría ocasionar una legalización?

La legalización bajaría el precio, profesionalizaría la actividad y mejoraría la calidad del producto. El prohibicionismo añade costes de comercialización: hay riesgo de que te detengan y te metan en la cárcel; y por tanto, la rentabilidad que exige el proveedor ahora mismo, en un mercado ilegalizado, es una rentabilidad muy elevada para compensar ese riesgo. Y es una rentabilidad que se consigue con precios más altos o, si no puede subir los precios porque su clientela no los puede pagar, deteriorando la calidad. Todo eso lo solucionas legalizando.

“Para prepararse hay que empezar a andar. Si se mantiene la prohibición, nunca se va a estar preparado. Si no responsabilizas a la gente, la gente no se va a formar. Ilegalizar una actividad y excluir a mucha gente de que se pueda responsabilizar, de que pueda aprender, es mantenerla en la ignorancia permanente”

El fin son los principios

Llama la atención que expresidentes de diversos países defiendan la legalización, pero siempre tras haber salido de la primera línea. ¿Hay un coste político?

No creo que se deba al coste electoral, o no en todos los casos. Si tú eres presidente y defiendes legalizar las drogas, no te queda otra que hacerlo. No sé hasta qué punto un Estado distinto a Estados Unidos es plenamente soberano para decidir unilateralmente una legalización a gran escala de las drogas. Quizá lo podría conseguir, pero con muchísimas presiones por medio de Estados Unidos. Y habrá políticos que digan: entre lo que me va a costar dentro y lo que me va a costar fuera, me quedo callado y ya está.

Por tu parte, has seguido tratando el tema de manera ininterrumpida desde 2003, cuando lo habitual es variar la postura a medida que uno gana exposición pública. ¿Valoraste en algún momento si eso te podría afectar?

No. Evidentemente, puede dañar tu reputación entre determinados sectores que ven en la legalización algo horroroso. Pero como en cualquier otra opinión que emitas. Cuando defendí el derecho de secesión, tuve un coste reputacional muy grande. La cuestión es: ¿defiendes lo que defiendes para tener reputación o intentas tener reputación como plataforma para defender unas ideas en las que crees? Si es lo segundo, lo que no vas a hacer es pervertir esas ideas para mantener la fama. Si no, la fama se convierte en un fin en sí mismo, y no lo es. La finalidad no es ser conocido o que la gente te aplauda y diga: “Mira, qué chico más apañado”. Estar en la esfera pública lo entiendo como un medio para defender unas ideas en las que creo. Tenga el coste que tenga. Si quisiera ser famoso simplemente por ser famoso, probablemente sería de izquierdas, no defendería el liberalismo. Ya defiendo ideas bastante minoritarias. No tendría sentido.

En el proceso de normalización social resulta útil conocer casos alejados del estereotipo mediático del consumidor de drogas. ¿Has sufrido uno de los grandes males de la prohibición: la recalcitrante falta de puntualidad de los minoristas?

El mercado informal es eso: informal. No es un mercado profesionalizado, y por tanto es un mercado en el que el consumidor habitual probablemente sí tenga algún tipo de red más establecida de provisión continuada, y a lo mejor lo sufre menos. Pero el consumidor ocasional se enfrenta a una jungla donde es muy complicado el abastecimiento; eso es evidente.

¿Y tú has sufrido esa falta de puntualidad?

No lo llamaría falta de puntualidad. La falta de profesionalidad, sí. Lo complicado es encontrar un proveedor del que te fíes. Una vez lo encuentras, aunque sea para una ocasión, pues puntuales son. Llámalo falta de profesionalidad.