Si dijéramos que la desaparición de drogas decomisadas y custodiadas por agentes de la autoridad es un hecho habitual, sin duda, estaríamos faltando a la verdad. Sin embargo, la evaporación de importantes cantidades de drogas del interior de dependencias policiales y otras entidades oficiales en España a lo largo de los últimos años invita a la reflexión.

Un caso histórico de consecuencias imprevisibles 

El 7 de mayo de 1988, la policía de Irún aprehendió una partida de cerca de una tonelada de cocaína, que en aquel momento fue considerado como el mayor alijo de dicha droga decomisado en Europa, y con relación al cual hubo cuatro detenidos, entre ellos un agente de aduanas. 

Casi dos años más tarde, concretamente el 18 de febrero de 1990, el diario El País denunció la “misteriosa desaparición” de unos 150 kg de dicho alijo, acontecida durante los tres días posteriores del decomiso efectuado, al tiempo que se extrañaba de que nadie lo hubiera investigado. 

El entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Luis Navajas, ordenó una investigación sobre la diferencia de kilos observada entre el primer y el segundo pesaje de la cocaína decomisada, después de que el mencionado rotativo publicara los datos básicos del asunto. Finalmente, tanto la policía como el fiscal Navajas descartaron una posible sustracción de la droga, llegando a la conclusión de que la merma de kilos se debía a las malas condiciones del primer pesaje y al peso de las cajas que contenían los paquetes de cocaína. 

Y así quedó la cosa hasta que, a mediados de octubre de ese mismo año, el juez Baltasar Garzón, que llevaba entre manos la investigación contra los clanes de traficantes gallegos, apreció indicios de que la supuesta cocaína desaparecida de la comisaría de Irún podría ser la misma de la que hablaba el arrepentido Ricardo Portabales, quien declaró que el capo gallego Laureano Oubiña había vendido una partida de cocaína decomisada en el País Vasco. 

Hasta ahí llegan nuestros conocimientos sobre el caso. Pero más allá de la verdad de los hechos, el escándalo de la cocaína decomisada en Irún, unido a otros casos sonados (el famoso “informe Navajas”, donde se implicaba a guardiaciviles en tramas de contrabando de tabaco y tráfico de drogas, y el conocido “caso UCIFA”), proporcionaría materia suficiente de investigación para que el periodista Pepe Rei publicara una serie de libros cuyo objetivo principal era denunciar a una serie de agentes corruptos que, amparándose en las denominadas “razones de Estado”, se habrían beneficiado del tráfico de drogas en la más absoluta impunidad y con la complacencia del poder político. 

Un hecho preocupante 

A finales del mes de julio del 2008, un artículo publicado en El País advertía en grandes titulares: “Toneladas de droga esperan en comisarías una orden judicial. Los alijos se acumulan en furgonetas por la saturación de las dependencias. Sevilla no ha destruido ninguno en cuatro años”. Para ilustrar la gravedad del asunto, se ponían de relieve las declaraciones de un agente de policía, quien se lamentaba: “Las cantidades son cada vez más grandes y difíciles de quemar”. 

Semejante revuelo mediático se había producido tras conocerse el inaudito robo en la propia Jefatura Superior de Policía de Sevilla de un mínimo de 100 kg de cocaína y heroína. Las drogas habían sido sustituidas por sustancias como yeso, harina o azúcar. Además del robo en sí, la sustracción de dichas drogas obligó a dejar en libertad a cuatro traficantes, al verse comprometidas varias investigaciones judiciales por falta de pruebas. 

Tres personas fueron arrestadas en el 2009 como autoras del audaz cambiazo, entre ellas un agente de policía de la escala básica en situación de excedencia, que había estado destinado en la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la capital hispalense. Entonces se supo que el depósito donde se guardaban los alijos “carecía de cualquier medida de seguridad”, tal y como confirmó el fiscal encargado del caso. También se tuvo conocimiento de que había un juego de llaves guardado en el cajón de la mesa del jefe de la UDYCO, prácticamente al alcance de “cualquier funcionario que precisase entrar en el depósito”, entre ellos el agente arrestado, quien no había tenido mayores dificultades para hacerse con una copia.
A pesar de las tres detenciones practicadas, veinte meses después de conocerse el suceso nada se sabía del paradero de la cocaína y la heroína sustraídas. 

Más robos en Andalucía 

En noviembre del 2011 lo que parecía ser una banda muy bien organizada logró burlar los sistemas de seguridad de la nave utilizada como depósito por Sanidad Exterior en el puerto de Málaga, situado a apenas trescientos metros de las dependencias de la Guardia Civil, y, después de inutilizar las cámaras de vigilancia, consiguió forzar la cerradura del edificio para apropiarse de una cantidad no cuantificada de cocaína, pero que bien podía exceder del centenar de kilos. En las primeras informaciones sobre el caso, se señalaba que en la citada nave se almacenaban drogas procedentes de operaciones policiales practicadas en la Costa del Sol y otras provincias de Andalucía, pudiendo llegar a acumularse con facilidad entre treinta y cuarenta toneladas de hachís y varios cientos de kilos de otras sustancias psicoactivas. También se destacaba que la protección del saturado edificio era competencia de la Policía Nacional, que, no obstante, tenía delegada la misión en un servicio de seguridad privada. Por lo demás, según fuentes policiales, los autores del robo se dirigieron directamente “hacia las sustancias de mayor valor en el mercado sin apenas reparar en otro tipo de fardos”. 

Además del robo en sí, la sustracción de dichas drogas obligó a dejar en libertad a cuatro traficantes, al verse comprometidas varias investigaciones judiciales por falta de pruebas

Antes de conocerse más detalles sobre este asalto del fortín de las drogas en Málaga, en marzo del 2012 salió a la luz un nuevo robo de drogas en una entidad oficial, en esta ocasión más de 30 kg –entre heroína y cocaína–, que estaban depositados para su análisis en el Instituto Toxicológico de Sevilla. La droga sustraída pertenecía a muestras de distintos alijos incautados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero, con todo, la cantidad acumulada hacía que el periodista Federico Jiménez Losantos se preguntara si hacía falta tener tanta droga almacenada “para analizar diez gramos”. 

Pasados unos días, el diario ABC se extrañaba de que, tras la apertura de la preceptiva investigación judicial y haber sido interrogados todos los trabajadores del Instituto de Toxicología, todavía no se hubiera practicado ninguna detención. Hemos de deducir, en este sentido, que todas las pesquisas resultaron infructuosas, pues en septiembre del 2012 el juez instructor encargado decidió decretar el sobreseimiento provisional del caso, archivando la causa por falta de autor conocido. 

A los pocos días de sobreseerse el caso se produjo una nueva sustracción de drogas en Andalucía. Esta vez el objetivo fue “el búnker de la comisaría de Cádiz”, y el botín ascendió a 100 kg de hachís y un mínimo de 200 kg de cocaína. El suceso motivó que sindicatos policiales y coordinadoras antidroga denunciaran la “dejadez administrativa”, a pesar de las continuas alarmas puestas sobre los riesgos de acumular los alijos en instalaciones sin las suficientes medidas de seguridad. Por otra parte, a raíz de este nuevo robo, se supo que también en Barcelona y Valencia se habían producido sustracciones similares. 

Sí, también en la Comunidad Valenciana 

En efecto, en otros ámbitos territoriales del Estado no solo se habían registrado hechos similares, sino que se siguieron produciendo. En este sentido, no podemos dejar de mencionar las cantidades de drogas “sin determinar” –eso sí, más modestas– que se apropió “al menos [en] dos ocasiones” en febrero del 2014 un miembro del Cuerpo Nacional de Policía destinado en Gandía. El modus operandi fue distinto a los anteriores. El agente en cuestión se quedó con “el acta de intervención y con la droga correspondiente”. En consecuencia, en septiembre del 2016, un jurado popular lo consideró culpable como “autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de una falta de hurto”, siendo condenado a prisión y al pago de “una multa de más de cinco mil euros y una inhabilitación especial de cuatro años y medio para el Cuerpo Nacional de Policía y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

La resolución de los robos de Málaga y Cádiz 

La detención del conocido alunicero apodado Niño Sáez, con un amplio historial delictivo a sus espaldas, significó el esclarecimiento del asalto al depósito judicial de Málaga y vino a compensar en cierto modo la frustración y el malestar que había producido el sonado suceso. Todo comenzó a mediados de febrero del 2013, al ser sorprendido Niño Sáez cuando trataba de robar una joyería en Madrid. Dos meses más tarde se anunció que una banda liderada por el conocido alunicero y butronero era la responsable de dicho robo. 

Por otra parte, a principios de mayo del 2017, o sea, cinco años después de la comisión de los hechos, resultaron detenidos en Chiclana los presuntos autores del saqueo del búnker de la droga de Cádiz, quienes llevaban un “alto tren de vida”. El robo había causado un gran bochorno porque no solo había puesto en cuestión las casi nulas condiciones de seguridad que tenía el depósito, donde ni siquiera saltó la alarma (los sistemas de vigilancia tenían más de diez años, estaban obsoletos y apenas recibían mantenimiento), sino que después fue pasando el tiempo sin que se llegara a dar con los responsables del delito. Así, con la detención de tres hombres, que ingresaron en prisión, y una mujer, que quedó en libertad, se dio por restablecido el orden. De las drogas sustraídas nunca más se supo, aunque cabe suponer que la banda que las había robado había tenido tiempo más que suficiente para deshacerse de ellas, distribuyéndolas en el mercado negro. 

Todo lo descrito conforma una prueba más de que el entramado prohibicionista hace agua por todas partes

Apenas unos días después de esta detención, Niño Sáez, que se encontraba en libertad bajo fianza, a la espera de juicio, resultó abatido a tiros en Madrid a plena luz del día. Se supone que sus asesinos fueron unos sicarios pagados por narcos colombianos con los que Niño Sáez tenía deudas y que ya habían intentado antes acabar con él. Junto con Niño Sáez resultaron detenidas otras cinco personas por su supuesta implicación en dicho hurto y, en consecuencia, procesadas por los delitos de robo con fuerza, tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, un mes después de su asesinato resultaron absueltas al considerarse que los datos existentes no eran concluyentes para una sentencia condenatoria. Tan solo una de ellas fue condenada a nueve meses de cárcel y al pago de una multa de mil quinientos euros por un delito de falsedad documental. Curiosamente, a día de hoy, nadie ha dado con los asesinos del conocido butronero, ni ha podido seguir el rastro de las drogas sustraídas. 

El último caso conocido, en Barcelona 

El último caso conocido hasta la fecha de drogas esfumadas del interior de dependencias policiales ha tenido como protagonista al cuerpo de Mossos d’Esquadra. Así, en octubre del 2018 hemos sabido que el titular del juzgado número 5 de Sabadell ha ordenado investigar a ocho miembros de la policía autonómica de Cataluña, incluida una sargento y dos facultativos, con el fin de aclarar las diferencias entre el pesaje de alijos intervenidos en el momento de entrada y salida del local. Las indagaciones deben aclarar si se trata de sustracciones de drogas o bien casos reiterados de negligencia en su almacenamiento y vigilancia, ya que entre otras consideraciones estos decomisos acaban siendo pruebas ante los tribunales, y se podría poner en cuestión la cadena de custodia, tal y como sucedió en alguno de los casos antes expuestos. Por lo demás, la información que se ha publicado sobre el caso no nos permite saber ni las drogas ni de qué cantidades estaríamos hablando. 

Discrepancias informativas 

Dejando al margen el caso ya comentado de la cocaína de Irún, lo cierto es que las informaciones aparecidas sobre las drogas volatilizadas del interior de dependencias policiales y otros centros oficiales siembran no pocas dudas, tanto sobre la naturaleza de las sustancias desaparecidas, como acerca de su pesaje. 

Por ejemplo, sabemos que en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla se produjo un cambiazo de cocaína y heroína por otras sustancias. Las primeras informaciones apuntaron a un total de 100 kg, si bien informaciones posteriores elevaron la cantidad hasta 154 kg. Ningún medio especificó cuántos de cocaína y cuántos de heroína. 
El asalto al depósito de drogas decomisadas del puerto de Málaga es el que ofreció informaciones más dispares. Al principio, el diario El País habló de “al menos 300 kg de droga en polvo, principalmente cocaína”, y La Opinión de Málaga elevó a 600 los kilos de cocaína sustraídos. Por su parte, el diario ABC, aunque rebajó notablemente la cantidad de cocaína robada, no se puso de acuerdo con el peso exacto: 120 kg, 130 kg, 133 kg… Además, según El Comercio y El Español también se sustrajeron un kilo de heroína, más un lote de “pastillas” o “drogas de diseño”, sin especificar, cuyo peso El Español cuantificó en 57 kg. 

El robo producido en el Instituto Toxicológico de Sevilla es el que menos dudas ofrece. Todos los medios coincidieron en situar en 30 kg la cantidad de droga sustraída. Algunos aseguraron que se trataba de cocaína, en cambio otros informaron que también había sido sustraída heroína. Finalmente, y aunque los grandes titulares apuntaban a la cocaína, gracias a Libertad Digital y ABC sabemos que el botín ascendió a 30 kg de heroína y 1,5 kg de cocaína. 

Por último, la cantidad robada del búnker de Cádiz es difícil de precisar, porque si bien Diario de Cádiz y El Español hablaron de 200 kg de cocaína y 100 de hachís, según ABC y La Voz de Cádiz la cantidad sustraída no fueron 200 sino 300 kg de cocaína. Para complicar más las cosas, El País y El Mundo cuantificaron la cocaína robada en 290 kg. En lo que parece que no existieron discrepancias es en los 100 kg de hachís sustraídos. 

A modo de conclusión 

Llegados a este punto, habrá quien apunte hacia el factor humano como responsable de esta situación: dejadez, relajación, falta de celo y corrupción entre los funcionarios encargados de la custodia de las drogas incautadas. También habrá quien desvíe la responsabilidad hacia el factor material: falta de medios, insuficientes medidas de seguridad, obsolescencia en las instalaciones, etcétera. 

En cualquier caso, nadie podrá negar que todo lo descrito conforma una prueba más de que el entramado prohibicionista hace agua por todas partes. Lo cual nos obliga a replantearnos una vez más la eficacia de la vigente política sobre drogas. Antes de implantarse las políticas prohibicionistas, las drogas eran dispensadas y estaban controladas por profesionales de la salud y la sanidad, léase médicos y farmacéuticos. Con la prohibición, la distribución pasó a manos de criminales y el control –y por extensión el descontrol–, a manos de policías. No hace falta tener muchas luces para concluir que salimos perdiendo con el cambio.