La cámara baja del Parlamento de Chile aprobó esta semana el proyecto del Gobierno para reforzar la llamada “Ley Anti Narcos”. La propuesta, que deberá pasar por el Senado, afectará especialmente a los pequeños traficantes y a los consumidores de drogas, y prevé un endurecimiento de las penas. El proyecto ha recibido numerosas críticas de organizaciones civiles de Chile como la Fundación Eutopía, la Fundación Daya, Mamá cultiva y Fundación Chile 21. Estas organizaciones apuntan que la aprobación de la ley es un error que arremete contra las personas usuarias y pequeños traficantes y que podría fortalecer más a los grandes narcotraficantes. 

El proyecto de ley fue aprobado con 110 a favor, 11 en contra y 18 abstenciones. Entre otros puntos, el proyecto autoriza a la policía a hacerse cargo del almacenamiento y destrucción de las drogas decomisadas, y pretende prohibir que una persona ejerza un cargo público si ha sido sorprendida en posesión de drogas. Las organizaciones civiles apuntaron que este punto provocará una mayor estigmatización y criminalización de las personas usuarias de drogas. Según ha publicado Cañamo Chile, durante la discusión del proyecto en el Congreso, varios miembros de la cámara expresaron su preocupación por la forma en que el proyecto hace aún más difusa la distinción entre un consumidor, un pequeño traficante y un narcotraficante.

“Esto es grave principalmente porque las personas que son perseguidas por ese sistema son justamente las personas de menos recursos. Entonces les vamos a incautar sus bienes, los vamos a rematar y la misma ley dice que en caso de ser encontrados inocentes, les restituirán el valor del bien que puede haber sido rematado o vendido, con un precio inferior al valor real. Es decir, lo que estamos haciendo es profundizar la desigualdad y la pobreza, para que existan más personas que estén disponibles para el narcotráfico”, dijo Eduardo Vergara, director de la Fundación Chile21 y ex Jefe de Seguridad Pública Ministerio del Interior y Seguridad.