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Andalucía está perdiendo los servicios de atención a drogodependientes

En torno a 50.000 personas reciben cada año la ayuda de los servicios sociales de atención para drogodependencias en Andalucía. Esta red de servicios sociales, que lleva funcionando más de tres décadas y sirve para dar atención y reducir los daños en personas dependientes a las drogas, aparentemente está siendo abandonada por la administración política de la Junta de Andalucía, que desde enero del 2019 está gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX.

En torno a 50.000 personas reciben cada año la ayuda de los servicios sociales de atención para drogodependencias en Andalucía. Esta red de servicios sociales, que lleva funcionando más de tres décadas y sirve para dar atención y reducir los daños en personas dependientes a las drogas, aparentemente está siendo abandonada por la administración política de la Junta de Andalucía, que desde enero del 2019 está gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX.

Un reportaje publicado en el diario Público repasa la situación de crisis que están atravesando los centros y servicios de esta red, que llevan meses sin recibir la financiación necesaria para su funcionamiento. Entre las causas apuntadas por el reportaje está el trasvase de las políticas de drogodependencias, que antiguamente estaban incluidas en la Consejería de Asuntos Sociales y ahora forman parte de la Consejería de Salud. Parece que este cambio se ha realizado con muy pocas garantías para su funcionamiento. “Representantes de trabajadores, las organizaciones andaluzas de prevención y atención a las drogodependencias y profesionales del sector han denunciado desde entonces la ausencia de una dirección política, de un interlocutor en la Junta, sobre el tema de drogas”, afirma el periodista en Público. Las diputaciones de Cádiz, Granada, Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén aún no han recibido el dinero para estos servicios, y están tratando de reunirse con el consejero de salud de la comunidad para que “aclare el futuro de la red”. Estas diputaciones temen un “cambio de modelo” que podría derivar en recortes o privatización de la red, explica el reportaje. 

Este contenido se publicó originalmente en la Revista Cáñamo #265

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