La investigación, de aproximadamente un año, se centró en identificar a quienes estarían detrás de envíos regulares hacia Europa central y oriental. Antes de las detenciones, las autoridades aseguran haber intervenido distintos portes y envíos que sumarían hasta 120 kilos, una cifra que apunta a un tráfico sostenido y organizado más allá de una operación puntual.

La clave, según la nota difundida por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, estaba en dos naves industriales sin actividad comercial aparente, pero con un movimiento de furgonetas que llamó la atención de los investigadores. En una de ellas se interceptó un envío de 84 kilos de marihuana oculto entre melocotones con destino a Polonia. Ese mismo recinto industrial habría funcionado como punto de empaquetado, envasado al vacío y preparación de cajas de unos diez kilos.

El origen de la producción se situó en dos viviendas de Toledo donde se localizaron más de 1.200 plantas. Desde allí, la marihuana se trasladaba en furgonetas alquiladas a las naves para su almacenaje y preparación. En los registros practicados entre Toledo y Madrid se incautaron, además, 26 kilos de cogollos listos para enviar, 160.000 euros en efectivo y vehículos con dobles fondos, según las autoridades.

Esta red no es la primera en su tipo y muestra que el cannabis no viaja solo en grandes cargamentos, también circula en paquetes, rutas cortas y entregas fragmentadas. En paralelo, los cambios normativos en distintos países –como la reforma alemana en vigor desde abril de 2024– no eliminan por sí solos el mercado ilícito, incluso la presión puede aumentar si el acceso legal es parcial y no cubre toda la demanda.

Por eso, entre reformas desiguales y una oferta regulada aún limitada, la pregunta que queda abierta es si Europa está construyendo políticas capaces de desplazar el comercio ilegal o si, por el contrario, seguirá empujándolo a adaptarse –una vez más– a la vía más eficiente para su distribución.