El dispositivo, coordinado desde Granada, apuntó a una organización con estructura transnacional que controlaba desde la producción hasta el acopio y el transporte a otros países. De acuerdo con el balance policial, además de las plantas intervenidas se incautaron 267.553 euros en efectivo, se inmovilizaron cuentas y bienes, y se intervinieron 21 vehículos. 

En materia de armamento, lo deferentes medios que cubrieron el operativo, coinciden en la presencia de escopetas y armas cortas; algunas informaciones detallan un total de 26 armas, mientras que otras hablan de “más de veinte”, junto a objetos como ballesta, arco y una pistola táser.

El origen de la operación se remonta a mayo de este año, cuando las autoridades francesas decomisaron 531 kilos de cannabis a un vehículo que, según las pesquisas, remitía a la misma red asentada en Granada. A partir de ese hallazgo, se encadenaron actuaciones que culminaron en los 54 registros simultáneos. La droga tenía como destino distintos mercados europeos, siendo distribuida principalmente a través de camiones.

Más allá del impacto policial inmediato, las autoridades han subrayado el “cambio de modelo” del fenómeno cannábico con redes extranjeras que se asientan en territorio andaluz para supervisar todas las fases de la cadena de producción. Este patrón ayuda a explicar la escala de los dispositivos, así como la entrada de elementos como armas y defraudación energética, con costes sociales y ambientales.

Operaciones de esta envergadura muestran la magnitud de un mercado que se reconfigura pese a los golpes policiales. Desde una perspectiva de salud pública y derechos, el desafío sigue siendo pasar de la lógica exclusivamente punitiva a políticas que reduzcan daños, ordenen la producción y minimicen la violencia asociada. Mientras la prohibición marque la pauta, el negocio del cannabis ilegal seguirá encontrando la forma para reorganizarse.