Según el balance oficial, la investigación buscó golpear la infraestructura —no solo el cargamento— que conecta el océano con los puntos de alijo y distribución. En el operativo se incautaron 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos y 30 embarcaciones, además de seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros y material tecnológico.

La Policía Nacional sostiene que la red operaba de noche, con comunicaciones encriptadas, terminales satelitales y con lanchas capaces de superar los 40 nudos. Los equipos partían del Guadalquivir y de otras desembocaduras en Cádiz, Huelva y Almería, además de puntos en Canarias, Marruecos y Portugal, para encontrarse en alta mar con “buques nodriza” y realizar la entrega.

Entre los elementos descritos por los investigadores figuran “plataformas acuáticas” en el Atlántico, donde los pilotos podían permanecer más de un mes enlazando operaciones, con abastecimiento y relevo en el agua. La logística incluía depósitos propios de combustible y embarcaciones de apoyo encargadas de gasolina, víveres y equipos.

El operativo se ejecutó en dos fases: en junio de 2025 se practicaron 48 detenciones y 29 registros en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, con la intervención de cerca de 3.800 kilos de cocaína, La segunda etapa de este operativo ocurrió en noviembre de 2025 cuando se realizaron 20 registros en Algeciras, La Línea y Jerez, con 57 detenidos en el entorno del Campo de Gibraltar.

A modo de contexto, un episodio, reportado por la Policía Nacional, muestra el costo social de estas economías ilícitas y el precio que están dispuestos a pagar por el silencio de quienes son parte de la operación. En noviembre de 2024 y tras la muerte de un tripulante durante un alijo, el presunto responsable de la operación habría ofrecido 12 millones de euros a la familia para mantener silencio. 

El despliegue del operativo policial revela cómo la “innovación” ilegal se financia con una demanda estable y con márgenes que permiten pasar de la costa al océano. Si bien desarticular estructuras logísticas reduce capacidad operativa, el debate de fondo sigue abierto, ya que sin políticas que apunten al mercado y a la reducción de daños, la ruta suele reconfigurarse y el riesgo recae, como siempre, en quienes quedan más expuestos.