La intervención se produjo cuando agentes del área de Investigación de la Guardia Civil en Las Gabias observaron un turismo que despertó sospechas durante un operativo para prevenir robos en viviendas.  Al aproximarse, los guardias detectaron un olor intenso y vieron en el asiento delantero un saco transparente con cogollos. Durante el posterior registro se localizó en los asientos traseros y el maletero varias bolsas de viaje que contenían más sacos con cannabis.

En total, la Guardia Civil intervino 87 sacos de plástico transparente de similares dimensiones, con cogollos de cannabis y un peso aproximado de 90 kilogramos, además de más de 400 euros en efectivo y un teléfono móvil. El conductor fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y, tras pasar a disposición judicial, la autoridad decretó su ingreso en prisión provisional.

El caso reabre un debate conocido: los dispositivos policiales continúan incautando grandes cantidades de cannabis en el mercado clandestino mientras España carece de una regulación integral para el uso adulto y de canales legales de producción y distribución. La respuesta penal al suministro coexiste con una realidad social en la que el consumo de cannabis está extendido y con marcos administrativos que sancionan la tenencia en espacios públicos sin resolver el origen de los productos que circulan.

Más allá del episodio policial, la persistencia de incautaciones de esta escala evidencia los límites del enfoque exclusivamente punitivo. Sin una política regulatoria que ordene la producción y el acceso, el incentivo para las redes informales seguirá existiendo. El desafío para el debate público es pasar de la excepcionalidad de cada caso a una conversación de fondo sobre regulación.