Las incautaciones de cannabis en Europa durante 2023 dan cuenta de un mercado en plena actividad y a pesar del enfoque de "guerra contra las drogas" dominante. En este contexto, España es el país que más concentra los decomisos con 375 toneladas de resina y 60 toneladas de cannabis. Estos datos dan cuenta de su papel como eje logístico del tráfico desde el norte de África y, además,  como foco de producción intensiva, con instalaciones que van desde cultivos medianos hasta complejos industriales.

El mercado ilícito no solo es persistente, sino que también se ha vuelto más competitivo y violento. La resina alcanzó un contenido medio de THC del 23 %, más del doble que hace una década, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025 de la EUDA. Paralelamente, la UE registró 615.000 delitos por posesión o consumo y 100.000 por suministro, lo que sugiere que la persecución policial sigue centrándose en los eslabones más vulnerables sin lograr una merma significativa en la oferta.

Frente a esta situación, el debate sobre la regulación gana espacio. Se estima que el 15,4 % de la población europea de 15 a 34 años (15,5 millones de personas) consumió cannabis en 2023 y un 1,5 % lo hace a diario o casi.

En España, la discusión parlamentaria sobre el cannabis fue reactivada en 2024 por varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y, de esta forma, reabrir el proceso regulatorio y evaluar modelos como el de los clubes sociales de cannabis.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha enviado a la UE un borrador del Real Decreto para permitir el uso terapéutico del cannabis en farmacias hospitalarias, restringido a fórmulas magistrales para un número limitado de enfermedades. 

En tanto, las estadísticas confirman que más operativos policiales no significan menos demanda, sino un mercado clandestino más violento y un producto más potente. Al situarse como un punto central del tráfico europeo, España afronta el dilema de seguir invirtiendo en represión o avanzar hacia una regulación que priorice la salud pública, reduzca la violencia y libere recursos para políticas de reducción de daños.

Experiencias como las de Alemania, que desde 2024 permite el autocultivo y el acceso regulado a través de clubes sin ánimo de lucro, podrían ofrecer una vía referencial para considerar enfoques alternativos en el contexto español.