Un artículo aparecido en la edición digital del periódico mexicano El Economista propone un peculiar punto de vista desde el que comprender las políticas de Donald Trump:

¿Es Trump una persona errática, sin compromisos fijos y sin objetivos políticos estables y definidos, tal y como lo plantean numerosísimos medios opositores? La respuesta es no; en realidad, su trayectoria podría entenderse a través de la adhesión sin fisuras del presidente al ideario de la guerra contra las drogas.

Una adhesión que estaría unificando sus acciones políticas: el nombramiento del más que conservador Jeff Sessions como fiscal general de Estados Unidos; los enfoques sobre inmigración y construcción-finalización del muro con México; los llamamientos a la recuperación de la ley y el orden, ciertos aspectos clave del Proyecto de Ley de Salud de la Cámara de Representantes; las peculiares relaciones que se le atribuyen con el presidente filipino Rodrigo Duterte y con Vladimir Putin, así como la propuesta de disminuir el presupuesto de la Oficina de Política de Drogas de la Casa Blanca.

En el 2015, durante los inicios de la campaña electoral, Trump declaró: “México nos envía violadores […] los inmigrantes mexicanos traen drogas”. Como solución a estos problemas propuso la construcción del muro fronterizo. A día de hoy, el muro sigue siendo clave para la resolución de este tipo de problemas: “Si el muro no se construye, que se construirá, el problema de las drogas jamás se resolverá”.

Durante un discurso pronunciado el pasado febrero en el Congreso, el presidente afirmaba: “Hemos defendido las fronteras de otras naciones dejando nuestras fronteras abiertas para que cualquier persona pueda cruzar y para que las drogas entren en nuestro país en una tasa sin precedentes”.

Jeff Sessions –se afirma en el artículo– ha estado trabajando, desde su nombramiento, en la reconstrucción de los fundamentos de la guerra contra las drogas. Ha ordenado una revisión de las políticas federales sobre la legalización de la marihuana en los estados, y estaría buscando el fin de la no interferencia federal en los procesos de legalización. Recientemente, Sessions ha emitido una instrucción que requiere a los fiscales la aplicación de las penas más duras posibles en los casos de delitos relacionados con drogas.

Para apoyar los diferentes esfuerzos que se realizan en la materia, Trump propone la contratación de diez mil oficiales de inmigración y de cinco mil agentes para la patrulla fronteriza, así como reforzar los apoyos a los departamentos de policía: “La Administración Trump será una administración de la ley y el orden, para un país que precisa un mayor cumplimiento de las leyes”.

Algunos países del centro y el sur de América han propuesto pasar de una política basada en la criminalización y las normas penales a un nuevo paradigma basado en las personas y la salud pública, en lo concerniente a estrategias sobre drogas. Han defendido estos cambios en instituciones como la ONU, lugar en el que sus iniciativas han sido bloqueadas por algunos países como, por ejemplo, Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, es uno de los grandes adalides de la guerra contra las drogas. Se afirma que Trump ha mostrado afinidades con Putin y también con Duterte, al que elogió por realizar “un trabajo increíble en relación con el problema de las drogas”, y al que invitó a visitar la Casa Blanca.

Los planes presupuestarios de Trump implican un desmantelamiento casi total de la Oficina de Políticas de Control de Drogas, que, fundada en 1988 y potenciada durante el mandato de Obama, fomentó estrategias basadas en la salud pública; unas estrategias que hoy están en cuestión, bajo la premisa de que el control de las drogas puede ejercerse a través de medidas puramente punitivas.

Los fenómenos sociales suelen ser muy complejos; la simplificación y la originalidad de los puntos de vista pueden ayudar a su comprensión, pero conllevan el riesgo de incurrir en interpretaciones triviales.