El decreto, publicado en el BOE el 9 de octubre de 2025, diseña un circuito fuertemente controlado donde existe la prescripción por médicos especialistas, seguimiento clínico y preparación en servicios de farmacia hospitalaria. El corazón del modelo son los “preparados estandarizados”, extractos con contenido definido de THC y/o CBD, sometidos a exigencias de calidad, trazabilidad y farmacovigilancia, además de un registro específico en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El 2 de enero de 2026, el BOE publicó una resolución que abre el trámite del recurso del CGCOF y permite personarse a quienes acrediten interés. La ofensiva judicial no se limita a ese frente. En diciembre de 2025, la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) también acudió  por la exclusión de la farmacia comunitaria. Ambas iniciativas sostienen que un esquema solo hospitalario puede agrandar desigualdades territoriales, especialmente donde la farmacia queda más cerca que el hospital.

A la batalla legal se suma la puesta en marcha efectiva que depende de las monografías del Formulario Nacional. El Real Decreto fija un plazo máximo de tres meses para su publicación y el calendario se miró con lupa al llegar enero. En paralelo, la AEMPS el 19 de enero de 2026 actualizó su información pública sobre el procedimiento de inscripción en el Registro de Preparados Estandarizados de Cannabis y, dentro del Formulario Nacional, figura la monografía de una solución oral de preparado estandarizado de cannabis.

Si bien España ya tiene un marco, aún se discute su puerta de entrada. Si el Tribunal Supremo obliga a reabrir el modelo, el país podría ganar acceso, aunque también asumir una nueva negociación regulatoria. El dilema no es teórico ya que la diferencia está entre un programa de alta especialización y uno capaz de llegar, de verdad, a donde viven los pacientes.