Cuesta entender que la máxima responsable de la lucha penal contra el narcotráfico en el Ministerio Fiscal español sea tan imprecisa al hablar de cannabis. Más que llamativo, preocupa que alguien con capacidad de orientar prioridades públicas sostenga que “uno de cada cuatro consumidores de cannabis termina con esquizofrenia”.

A estas alturas, presentar el cannabis como catalizador de enfermedades mentales suena menos a evidencia y más a un guion ideológico. En campañas recientes —como las del Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid— ya vimos mensajes que, sin base científica, advertían a jóvenes que consumir cannabis “provoca esquizofrenia”.

Pero ¿qué dice la evidencia? Primero, no es “uno de cada cuatro”. Lo que hay es una asociación entre cannabis y psicosis que aumenta con el uso diario y de alta potencia, el inicio temprano de consumo y cierta vulnerabilidad familiar. Los datos más consistentes señalan mayor riesgo en hombres jóvenes con trastorno por uso de cannabis (NIH, 2023) y en consumidores diarios de productos potentes (estudio multicéntrico EU‑GEI, 2019). Aun así, la esquizofrenia es poco frecuente y la mayoría de los usuarios no la desarrollará.

Pero más allá de las frases efectistas, lo de Morán no es un lapsus: es una posición sostenida y marcada por prejuicios prohibicionistas. En enero de 2024 volvió a la carga y, sin aportar estudios que lo acrediten, señaló que le preocupaba “especialmente que España se haya convertido en el primer país productor de cannabis del continente europeo”.

A mediados de este año insistió en la misma tecla en la Cadena SER: habló de la “banalización” del consumo y afirmó que “donde han legalizado la droga, no se ha acabado con el narcotráfico”. Cierto: ningún país ha erradicado por completo los mercados ilegales, pero experiencias de regulación como las de Canadá y Uruguay —según informes oficiales de Health Canada y del IRCCA— muestran que un marco regulatorio puede desplazar parte del consumo hacia circuitos legales, con control de potencia y etiquetado, trazabilidad y mejores herramientas de prevención y tratamiento.

Ahora, en su última entrevista, Morán equipara los riesgos del cannabis con los del tabaco y afirma, además, que existe un lobby que minimiza daños, destacando que “tenemos la sensación de que la sociedad ha rechazado el tabaco, pero no el cannabis”. Es importante aclarar que el punto no es que opine en los medios —y, en particular, sobre el cannabis—, sino que una autoridad clave repita consignas sin matices ni respaldo sólido.

Narcolanchas en el Atlántico: foco en el vehículo, no en el mercado

En buena parte de la conversación con El País, la fiscal jefa antidroga vuelve a proponer una agenda de endurecimiento, que buscaría ampliar competencias penales, tipificar como delito el abastecimiento de combustible a embarcaciones sospechosas, reforzar el marco de operaciones encubiertas y armonizar controles sobre medios de transporte. El énfasis, otra vez, recae en la herramienta —la narcolancha, el semisumergible, el “petaqueo”— más que en el incentivo que activa esa logística y en un mercado que sigue siendo rentable precisamente porque es clandestino.

La Agencia de la Unión Europea para las Drogas (EUDA/EMCDDA) —en su European Drug Report 2025 y en notas técnicas sobre rutas marítimas— y otras fuentes especializadas advierten que, mientras la demanda se mantiene alta, las rutas de entrada a Europa se adaptan y diversifican. En ese contexto, España y Portugal continúan como puntos estratégicos. Pero el foco mediático y policial suele centrarse en las incautaciones sin evaluar su impacto real en la estructura del mercado, cuando la experiencia comparada sugiere que la represión solo termina desplazando rutas sin afectar la rentabilidad.

El auge de los semisumergibles ilustra el perverso efecto del riesgo penal, ya que cuanto mayor es el castigo, más alta es la inversión en tecnología para evadir controles. En este caso, estamos hablando de vehículos costosos y difíciles de detectar y son una respuesta a la presión prohibicionista. Las intercepciones y detenciones recientes no son una victoria definitiva, sino un capítulo más de una carrera tecnológica sin final a la vista.

En este marco, la narrativa oficial omite tres piezas clave: perseguir de verdad las finanzas (más allá de “mulas” y narcomenudeo), fortalecer la salud pública y abrir una discusión regulatoria seria sobre las sustancias fiscalizadas. Si se insiste en eludir estas cuestiones, la respuesta seguirá siendo reactiva y más simbólica que eficaz.

Si queremos menos daño y menos “narcolanchas”, hay que salir de lo punitivo para entender el fenómeno de las drogas. El cannabis no se regula a golpe de consignas, hace falta información veraz, prevención focalizada y reglas que resten rentabilidad a la ilegalidad.

Por eso es tan importante tener autoridades comprometidas con la evidencia —no con el efectismo— para ocuparse en seguir el dinero, medir el impacto real de las incautaciones y abrir sin prejuicios la discusión regulatoria. Lo demás es repetir la misma estrategia y querer obtener resultados distintos.