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PSOE y sus socios acuerdan sustituir las multas de drogas por cursillos

Los partidos también se han puesto de acuerdo en aplicar reducciones en la cuantía de las multas.

PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Junts pel Sí y EH Bildu han anunciado un acuerdo para sustituir las multas por consumo o tenencia de drogas en la vía pública por actividades “reparadoras, reeducativas o de rehabilitación”. Los seis grupos políticos partidarios de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana también se han puesto de acuerdo en aplicar una reducción de entre el 25% y 50% en las multas a las personas con menos ingresos anuales.

Los seis partidos están realizando una serie de reuniones de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo común con el que reformar la ley antes de que termine la legislatura. La conocida como Ley Mordaza fue aprobada en 2015 por el PP en solitario, con la oposición del resto de partidos y con la promesa del PSOE de derogarla si llegaba al Gobierno. Pero una vez en el Gobierno, el PSOE no ha cumplido su promesa y ha pasado a pedir una reformarla.

A día de hoy, la ley considera el consumo o tenencia de drogas en la vía pública y “el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello” como una infracción grave, y castiga estas conductas con multas de entre 601 y 30.000 euros. La sustitución de la multa por un programa de deshabituación o reeducación es una opción que ahora solo es accesible en caso de que el infractor sea menor de edad. La propuesta de la coalición de Gobierno y sus socios consiste en que cualquier persona pueda solicitar la sustitución de la multa por un programa de ese tipo.

Además, la reforma propuesta también incluye aplicar reducciones en la cuantía de la multa: un 50% en caso de que el infractor gane menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (esto es, para quien gane menos de 21.000€ brutos anuales), y un 25% de rebaja para quienes ganen entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo (o sea, para quienes ganen entre 21.000 y 35.000€ brutos anuales). Actualmente la ley dice que las multas deben aplicarse teniendo en cuenta “la capacidad económica del infractor”, pero esto no está concretado de ninguna forma. También se ofrece una rebaja del 50% general, pero sólo si el infractor realiza el pago voluntario durante un periodo de tiempo limitado.

Los partidos a favor de la reforma de la ley todavía tienen trabajo por delante. Quedan varios puntos en los que deben ponerse de acuerdo, como el uso policial de material antidisturbios y las sanciones por faltas de respeto a los policías. Estos puntos son los que más enfrentamientos han generado en el pasado, principalmente porque el PSOE quiere mantenerlos o reformarlos levemente, mientras que la mayoría de sus socios apuestan por eliminarlos.

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