Canadá es otro país más que se ha apuntado al cambio en la política de drogas con la regulación del mercado de la marihuana. Es el primer país de los llamados industrializados en conseguirlo en lo que parece ser ya un camino sin retorno en este cambio de paradigma. Y todo indica que México será el siguiente en tener una ley general para la regulación y control del cannabis.
El otro día estuvimos en el congreso de los diputados invitados por el grupo político Podemos. La sala Ernest Lluch se llenó de cannábicos que fueron testigos del convencimiento de Pablo Iglesias. El líder de la formación morada considera que ya se ha superado la pregunta de si legalizar o no la marihuana, y que ya es hora de que los políticos se centren en el asunto posicionándose sobre cuándo y cómo hacerlo.
El cuándo depende de sus señorías, aunque no parece que vaya a ser mañana mismo. Máxime cuando la ministra de Sanidad del actual gobierno socialista compara al cannabis medicinal con la homeopatía, negando que haya evidencias de su uso como medicamento. Tampoco dicen saber cómo regular el cannabis recreativo, tomando como excusa no tener estudios de lo que está ocurriendo y cómo va evolucionando la implementación de estas nuevas políticas en los países que ya lo han hecho. Diferentes países tienen diferentes regulaciones y de lo que se trata es de dejar a un lado los pretextos y escoger entre todos el modelo que sería más beneficioso a la sociedad española.
Para Podemos ha de ser el Estado, la sociedad en general, la beneficiaría de esta regulación, en detrimento de las grandes compañías privadas. Saben que, si somos los primeros, España puede ser líder en Europa. Parece evidente que aparte de los puestos de trabajo y los impuestos indirectos, el Estado puede sacar algún beneficio más al expedir licencias tanto para el cultivo, como para la manipulación, como para la de venta en las llamadas cañamerías y, por supuesto, los beneficios de los impuestos directos al cannabis que se venda en el circuito comercial. Tendrá que ser un modelo de producción sostenible, ecológico, donde exista la posibilidad de que cualquier autónomo pueda acceder a esa licencia de cultivo, venta o manipulación si cumple las condiciones que se estimen necesarias.
En todo esto los usuarios tienen mucho que decir, sería irónico que después de todo lo que se ha luchado estos años, se abandone la cuestión a los políticos. Sin embargo, parece que, una vez consensuado los diferentes modos de acceso a la planta, los actores del movimiento antiprohibicionista cannábico prefieren, en lugar de marchar unidos con una propuesta, defender sus intereses particulares, lo cual, sin duda, retrasará más aún la regulación.
Es hora de tomar conciencia y recuperar el acuerdo en el seno del movimiento cannábico para intentar tener una mayor influencia en que la regulación por venir sea la que beneficie al conjunto de la sociedad y no llegue lastrada por intereses partidistas que premien a los amigos del poder. ¿Seremos capaces?
