La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, es una de las leyes vigentes que más rechazo social ha generado desde su aprobación. Fue el Partido Popular quien en 2015 aprobó el texto legal en solitario con el voto en contra del resto de partidos. La ley fue muy criticada tanto a nivel nacional como internacional por criminalizar varias actividades consideradas parte de los derechos fundamentales de una democracia, especialmente las relacionadas con el derecho de expresión y manifestación.

La ley también introdujo nuevas y más elevadas sanciones para las personas que son sorprendidas en posesión o usando drogas ilegales en la vía pública, y para las que abandonan instrumentos u otros efectos empleados para el consumo. Estas sanciones se imponen desde entonces con una multa mínima de 600 euros (si es la primera infracción), en casos como la posesión de menos de un gramo de cannabis u otras sustancia, el consumo de un porro en la calle o el abandono de un grinder. Tales sanciones suponen la mayoría de las que se imponen mediante la ley, llegando a alcanzar las 400.000 multas anuales (dato del 2019).

La derogación de la Ley Mordaza es una demanda que numerosos actores sociales y organizaciones de la sociedad civil llevan reclamando desde su aprobación en 2015. El PSOE prometió su derogación cuando estaba en la oposición, pero tras dos años gobernando el partido ha preferido optar por una modificación que sigue limitando la libertad de manifestación y mantiene las sanciones por tenencia de drogas en la vía pública. Como respuesta a la tibia reforma que ha planteado el PSOE, el próximo 13 de febrero la plataforma No Somos Delito ha convocado con el apoyo de más de 50 organizaciones manifestaciones en varias ciudades para pedir la derogación de la ley.