El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado el cierre de la asociación cannábica "Take a Brake", una entidad cultural privada dedicada al autoconsumo, que operaba desde el verano de 2022 en los bajos de un edificio situado en la calle Robert d’Aguiló, número 46.

La decisión llega tras múltiples quejas vecinales por molestias relacionadas con los olores, el flujo constante de personas hacia el local y sospechas de tráfico de sustancias. La Guardia Urbana abrió una investigación que incluyó vigilancia e inspecciones administrativas, concluyendo que la asociación presuntamente vendía cannabis a personas no socias, una práctica que contraviene el marco legal que regula este tipo de entidades.

"Take a Brake" notificó formalmente su actividad al consistorio en agosto de 2022, declarando como objetivo el estudio de plantas medicinales, con especial atención al cannabis y sus aplicaciones terapéuticas. En sus estatutos también se contemplaba la creación de espacios privados de consumo exclusivo para socios, sin ánimo de lucro y con un enfoque en el uso responsable.

Sin embargo, tras meses de seguimiento, las autoridades determinaron que la actividad real no se ajustaba a lo estipulado en los estatutos, y consideraron que el funcionamiento del local era ilegal. El informe policial señala la existencia de compraventa de cannabis, lo que, según la Guardia Urbana, justifica el cese inmediato de la actividad.

La asociación presentó un recurso contra la resolución administrativa, pero fue rechazado. El Ayuntamiento ha otorgado un plazo de siete días para que la entidad clausure definitivamente sus actividades.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la ambigüedad legal que rodea a los clubes de cannabis en España, y la necesidad de una regulación clara que proteja tanto a las asociaciones como al entorno vecinal.