El Ministerio de Sanidad ha actualizado el Real Decreto 2829/1977, marco legal que regula las sustancias psicotrópicas en España, para incluir varios cannabinoides semisintéticos en su lista de compuestos prohibidos. Entre ellos, el más conocido es el HHC (hexahidrocannabinol), un derivado del cannabis que hasta hace poco se comercializaba como “alternativa legal al THC”.

La decisión llega tras la incorporación del HHC en la Lista II de estupefacientes por parte de la ONU, lo que validó su uso médico pero también sentó las bases para su fiscalización en diversos países. España sigue esa línea y, además del HHC, veta otros compuestos como HHC-O, HHCP, HHCP-O, delta-8-THCP, delta-9-THCP, THCP-O, THC-O, delta-8-THC-C8, delta-9-THC-C8 y H4-CBD.

Estos compuestos, de origen semisintético, han proliferado en el mercado europeo amparados por vacíos legales, gracias a su capacidad de ofrecer efectos psicoactivos similares al THC sin estar explícitamente fiscalizados. Sin embargo, con su inclusión en la lista de sustancias prohibidas, cualquier comercio —físico u online— que los distribuya deberá cesar su actividad de inmediato.

Pese a la contundencia de la medida, los expertos advierten sobre su eficacia. Araceli Manjón, experta en fiscalización internacional, explicó a El Salto que “la producción de nuevas sustancias no controladas es más ágil que su fiscalización”, lo que deja claro que la carrera entre reguladores y fabricantes continúa.

En el horizonte, la única solución realista parece ser una regulación integral y basada en evidencia del cannabis y sus derivados. Pero, por ahora, ese horizonte sigue lejano en la política española.