Con la nueva orden, pasan a quedar bajo control de la lista II la 2-clorometcatinona (2-CMC), la 2-metilmetcatinona (2-MMC), la 4-bromometcatinona (4-BMC), la N-etilnorpentedrona (NEP), el cannabinoide sintético MDMB-FUBINACA y la lisdexanfetamina, mientras que el carisoprodol se incorpora a la lista IV. La norma extiende además la fiscalización a sus variantes estereoquímicas, racematos y sales cuando puedan existir, de modo que esas sustancias quedan sometidas a las medidas de control y al régimen sancionador previsto para cada categoría.
Detrás de esta actualización no hay una única decisión administrativa, sino la confluencia de un entramado regulatorio. España adapta su normativa al Convenio de Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, que obliga a los Estados parte a fiscalizar las sustancias incorporadas a sus listas internacionales y recoge también decisiones adoptadas en el marco europeo. En 2025, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas acordó incluir el carisoprodol en la lista IV del Convenio, tras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la Directiva Delegada (UE) 2025/2062 añadió la 2-MMC, la 4-BMC y la NEP a la definición europea de “droga” dentro del marco penal sobre tráfico ilícito.
En el terreno de las catinonas sintéticas, la medida vuelve a dejar al descubierto la velocidad con la que se desplazan los mercados de drogas y la dificultad de las instituciones para seguirles el paso sin actuar a ciegas. La 2-MMC, la 4-BMC y la NEP han sido evaluadas por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas como sustancias con efectos psicoestimulantes y con información todavía limitada sobre sus riesgos, aunque suficiente para justificar su inclusión en el marco de control. Esa falta de conocimiento completo, reconocida por la propia normativa europea, resume una tensión habitual en la regulación de nuevas sustancias psicoactivas, legisla ante señales de riesgo, muchas veces antes de que exista una comprensión clínica y social suficientemente amplia de sus patrones de uso.
También la incorporación de MDMB-FUBINACA amplía el foco sobre los cannabinoides sintéticos, un grupo de compuestos de laboratorio que no debe confundirse con el cannabis ni con los fitocannabinoides de la planta. Sus perfiles de potencia y toxicidad pueden ser muy distintos y por eso han sido objeto de seguimiento por los sistemas europeos de alerta temprana. La lisdexanfetamina, en cambio, plantea otro tipo de lectura ya que se trata de una sustancia con uso terapéutico en España, empleada en el tratamiento del TDAH en adultos y menores desde los seis años y también en adultos con trastorno por atracón, pero Sanidad justifica su fiscalización por su papel como precursor de la dexanfetamina, ya incluida en la lista II.
Aunque la fiscalización de nuevas sustancias psicoactivas suele presentarse como una reacción inevitable ante riesgos emergentes, cada actualización de las listas deja en el tapete hasta qué punto el sistema de control internacional logra proteger la salud pública y hasta qué punto desplaza el problema hacia una carrera permanente entre innovación química, prohibición y mercado ilegal. Si bien la respuesta regulatoria puede cerrar vacíos legales, difícilmente puede sustituir al análisis de sustancias, la reducción de daños y una política de drogas capaz de construir una mirada que vaya más allá de lo punitivo.
