La expansión del mercado legal del cannabis ha generado una creciente demanda laboral, impulsando una importante cantidad de empleos y enfrentando desafíos laborales específicos en distintas regiones del mundo. Según datos recientes, más de 440.000 personas trabajan de tiempo completo en la industria cannábica estadounidense, mientras que en Canadá la cifra supera ampliamente las 30.000 personas.
Estados Unidos es un claro ejemplo de crecimiento y organización sindical de la industria. En California han implementado leyes que prohíben la discriminación laboral por consumo de cannabis fuera del horario laboral. Paralelamente, sindicatos como United Food and Commercial Workers (UFCW) han logrado representar a miles de empleados, desde dispensarios hasta cultivos, impulsando mejoras en condiciones laborales y salariales.
Canadá, pionero en legalizar el cannabis a nivel federal en 2018, ofrece condiciones laborales equiparables a otros sectores industriales, pero no está exento de retos. Problemas como la precarización del trabajo en cultivos masivos y dispensarios independientes persisten, con contratos temporales y carencia de beneficios sociales adecuados.
En Europa, Alemania inició en 2024 la creación de clubes sociales de cannabis (CSCs), generando oportunidades laborales aún en formación y agrupados generalmente bajo convenios agrícolas o comerciales, sin sindicatos exclusivos.
Países Bajos, con décadas de tolerancia hacia los coffee shops, enfrenta ahora un proyecto piloto para regular completamente la producción, que podría redefinir la situación laboral actual, actualmente protegida bajo convenios del sector servicios.
Italia presenta un panorama preocupante debido a recientes restricciones gubernamentales sobre el cannabis "light", una variedad con bajo contenido de THC, que ha prosperado en los últimos años como una industria legítima, generando importantes avances económicos y sociales.
Según reportes recientes, estas restricciones podrían poner en riesgo más de 10.000 empleos directos e indirectos relacionados con actividades diversas que incluyen cultivo, producción artesanal, distribución minorista y turismo cannábico.
Esta situación ha creado incertidumbre entre pequeños empresarios y trabajadores, quienes podrían ver afectada drásticamente su fuente de ingresos y desarrollo económico en un sector que, hasta ahora, se consideraba una alternativa viable y regulada.
Malta avanza lentamente con asociaciones cannábicas aún en desarrollo inicial y sin un marco sindical definido. Tras la legalización del cannabis para uso recreativo en 2021, la Autoridad para el Uso Responsable del Cannabis (ARUC) ha comenzado a otorgar las primeras licencias para que las asociaciones establezcan sus instalaciones, aunque el proceso es aún incipiente.
Hasta el momento, las asociaciones autorizadas se encuentran en la fase de construcción y adaptación a los estrictos requisitos regulatorios, lo que ha retrasado el inicio de las operaciones y, por ende, la consolidación de empleos formales en el sector. Además, no se ha desarrollado aún una estructura gremial que represente específicamente a los trabajadores del cannabis, un aspecto clave para garantizar condiciones laborales dignas en esta industria emergente.
En América Latina, Uruguay destaca por su pionero modelo estatal regulado desde 2013.Sin embargo, gran parte de los empleados en clubes de membresía y autocultivadores todavía carecen de acceso a derechos laborales plenos y representación sindical efectiva.
En el ámbito agrícola, los trabajadores sindicalizados del cannabis son parte de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU). Sin embargo, algunas empresas internacionales han abandonado recientemente el país, generando incertidumbre y afectando negativamente la estabilidad laboral de numerosos trabajadores nucleados bajo la UTRAU.
Argentina también ha dado pasos importantes hacia la formalización laboral del sector cannábico. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario aprobó categorías laborales específicas para trabajadores del cáñamo y cannabis industrial. Esta medida permite que los trabajadores sean reconocidos formalmente, garantizando derechos fundamentales como salarios mínimos, condiciones laborales reguladas y beneficios sociales básicos, lo que representa un avance significativo en la formalización y dignificación del empleo en esta industria emergente.
Colombia, por su parte, ha visto crecer agrupaciones sindicales como SINTRABACANN, que buscan formalizar el sector y asegurar los derechos laborales básicos. Este país sudamericano se ha convertido en uno de los principales exportadores de cannabis medicinal en la región, con más de 2.000 hectáreas cultivadas bajo estrictas regulaciones estatales. Aunque el mercado continúa expandiéndose y generando empleos, persisten desafíos relacionados con la informalidad laboral y la necesidad de un marco regulatorio más sólido que asegure condiciones dignas y una representación efectiva para todos los trabajadores del sector.
En Asia, Tailandia vive un auge tras la despenalización de 2022, creando miles de empleos en el sector en un corto período. Se estima que cada mes surgen nuevas oportunidades laborales en áreas como el cultivo, la comercialización minorista y el turismo cannábico.
Esta rápida expansión ha superado el desarrollo de marcos regulatorios laborales adecuados, dejando a muchos trabajadores expuestos a condiciones precarias, ausencia de contratos formales, falta de acceso a seguridad social y a riesgos laborales no regulados.
El futuro del trabajo en el cannabis legal en el mundo no debería reproducir las precariedades de otros sectores productivos, sino constituirse como ejemplo de una nueva economía verde que respete plenamente la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.
Por eso, en este 1° de Mayo y a medida que crecen los mercados legales de la marihuana, urge construir marcos regulatorios laborales que garanticen no solo el acceso a empleos, sino la calidad de estos con contratos formales, acceso a seguridad social, condiciones laborales seguras y salarios dignos.
