Lo más relevante del estudio no es solo el lugar que ocupa el cannabis, sino la distancia que lo separa de dos sustancias legales y profundamente normalizadas. El alcohol obtuvo una puntuación total de 79 y el tabaco 45, mientras que los opioides no prescritos quedaron en 33. Más atrás aparecieron la cocaína y la metanfetamina, ambas con 19 y luego el cannabis con 15. La comparación de una sustancia “inofensiva”, pero sí desmonta una jerarquía muy arraigada donde lo legal no necesariamente es lo menos dañino y lo prohibido no siempre ocupa el primer lugar en términos de daño agregado.
Los autores del estudio aclaran que sus puntuaciones no miden una peligrosidad individual aislada, sino daño a nivel poblacional. Es decir, no solo cuentan los efectos farmacológicos de cada sustancia, sino también su prevalencia de uso, su disponibilidad y el marco regulatorio en el que circulan. En otras palabras, el resultado del alcohol no se explica únicamente por su perfil toxicológico, sino por el hecho de ser una sustancia de consumo extendido, accesible y promovida dentro de una economía legal que durante décadas naturalizó sus costos sanitarios y sociales.
Canadá regula el cannabis para uso adulto bajo la Cannabis Act, con un marco legal que controla producción, distribución, venta y posesión. Aun así, el propio estudio recuerda que el daño no depende solo de la sustancia, sino de la política pública que la rodea. Cuando una droga ampliamente aceptada como el alcohol encabeza la tabla y el tabaco aparece también por encima del cannabis, la discusión deja de ser únicamente farmacológica y pasa a ser regulatoria, considerando que la política de drogas ha sido mucho más severa con ciertas sustancias que con otras cuyos daños están mejor documentados.
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, señala que el alcohol estuvo asociado con alrededor de 2,6 millones de muertes en 2019 y que el tabaco provoca más de 7 millones de muertes cada año. En Canadá, además, el informe Canadian Substance Use Costs and Harms estimó que el alcohol representó el 40,1% de los costos atribuibles al uso de sustancias en 2020, seguido por el tabaco con 22,7%. No se trata, entonces, de una provocación retórica del campo cannábico, sino de una evidencia que coincide con datos de carga sanitaria y económica ya disponibles.
El valor político de este tipo de trabajos está en desplazar el debate de la consigna a la proporcionalidad. Si el criterio para regular una sustancia fuera el daño que produce, el mapa legal heredado del siglo XX sería mucho más difícil de defender. El cannabis no sale absuelto de esta comparación, pero sí aparece en un lugar que obliga a revisar prejuicios, prioridades y dobles estándares.
