Según el escrutinio actualizado al 12 de junio, la iniciativa obtuvo 567.583 votos favorables, equivalentes al 72,02 %, frente a 220.470 votos en contra. La propuesta necesitaba una mayoría simple para ser aprobada.

La medida no aumenta las tasas existentes ya que su objetivo es aplicar a las actividades sin licencia los mismos impuestos sobre ingresos brutos que rigen para el mercado autorizado, es decir gravar con 10 % las ventas generales de cannabis, 5 % sobre las ventas de cannabis medicinal, 2 % sobre fabricación, cultivo y otras actividades comerciales y 1 % sobre transporte, análisis e investigación.

Las autoridades municipales estiman que la ampliación podría generar entre 30 y 35 millones de dólares al año para el fondo general de la ciudad. Los recursos podrán destinarse a servicios como reparación de calles y aceras, respuesta a emergencias, protección contra incendios y parques.

La cifra se suma al peso de la recaudación fiscal del cannabis en California, aunque corresponde a una estimación y dependerá de la capacidad de la ciudad para identificar y cobrar a quienes operan fuera del sistema regulado.

Pagar estos impuestos no convertirá a los negocios alcanzados en establecimientos legales. La licencia municipal y el cumplimiento de los requisitos regulatorios continuarán siendo obligatorios. La Proposición CB añade una herramienta tributaria, pero no reemplaza las facultades de clausura ni las acciones contra empresas de cannabis irregulares.

Quienes respaldaron la iniciativa sostienen que los establecimientos sin licencia tienen una ventaja injusta porque evitan impuestos y otros costos regulatorios. Sus críticos advierten que cobrarles podría normalizar su actividad y que no existe claridad sobre cómo la ciudad logrará fiscalizar ventas realizadas fuera de los registros oficiales.

El debate se produce mientras la industria legal de California enfrenta dificultades relacionadas con la presión tributaria, la inactividad de licencias y la competencia del circuito no regulado y la decisión muestra una tensión habitual de los mercados regulados donde se busca sancionar al circuito sin licencia, pero sin aumentar las barreras que ya enfrentan quienes cumplen las reglas.

El próximo paso será la certificación oficial del escrutinio y después se deberá definir cómo identificar los ingresos de operadores sin licencia, realizar los cobros y coordinará esta herramienta tributaria con sus acciones de fiscalización y clausura.